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Dos vinculados más al megadespojo en Caaguazú fueron imputados por apropiación y estafa, según confirmó la fiscala Norma Salinas.
“El Ministerio Público realizó más imputaciones por apropiación y estafa contra dos ciudadanos de una determinada institución”, declaró.
También reveló que, en forma paralela, formuló imputación por producción de documentos no auténticos, tras obtener más elementos la tarde de ayer.
Agregó que mediante estas diligencias “estamos dando señales claras de que el Ministerio Público está cumpliendo su rol”.
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Imputados serían funcionarios del BNF
La agente del Ministerio Público no quiso revelar quiénes serían por temor a ser recusada, pero -al ser consultada- no descartó que se trate del gerente y la cajera de la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Repatriación, donde se efectivizaron los cheques del despojo.
“Cuando se hace la efectivización, que da lugar a las nuevas imputaciones, es que nosotros tenemos que una entidad no cumple con el artículo 1.740 de abrir una cuenta y depositarse ese cheque, y no permite el endoso. Existieron personas que no dieron cumplimiento a sus obligaciones”, mencionó.
Señaló que la efectivización de los cheques se realizó pese a que los documentos presentados ante el BNF eran irregulares, haciendo referencia al poder especial que se presume fue falsificado por los supuestos gestores para el cobro de la indemnización de Administración Nacional de Electricidad (ANDE), de un total de G. 800 millones, que debían recibir dos familias.
Salinas, además, puntualizó que la imputación por producción de documentos no auténticos se dio por el presunto incumplimiento de la debida diligencia para la efectivización del cheque.
Dinero del Estado, aún no recuperado
Por otra parte, la fiscala resaltó que pese a que hubo devolución de G. 600 millones -con un remanente de G. 175 millones-, mediante un acuerdo entre las víctimas y los supuestos gestores, se investiga aún un perjuicio al Estado.
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“Hay un dinero de toda la sociedad, hay un monto de la ANDE, el cual no se ha llegado a la totalidad de recuperar por parte de las víctimas, pero estas ya se dan por satisfechas, ese es otro problema. Pero acá hay un dinero del Estado”, declaró.
Mencionó también que el cobro de honorario por parte de los supuestos gestores debe ser establecido por un juez especializado, no de forma unilateral.
La fiscala había imputado, la semana pasada, a los supuestos gestores, el abogado Darío Flores y Anadelia Acosta Armoa, por apropiación, lesión de confianza y estafa, y además como cómplices directos a Ovidio Oviedo y Juan Ramón Acosta, novio y padre, respectivamente, de Anadelia.