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En comunicación con ABC Cardinal este martes, la fiscala Norma Salinas habló de la investigación que lleva sobre un supuesto hecho de apropiación y estafa en perjuicio de familias de escasos recursos del departamento de Caaguazú, que involucra a una funcionaria de la Cámara de Diputados.
La Fiscalía investiga a Anadelia Acosta Armoa, funcionaria de la Cámara Baja que hasta ayer estaba comisionada en el Ministerio de la Mujer, por la supuesta apropiación de 725 millones de guaraníes que debían ser entregados por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a dos familias de la localidad de Repatriación, Caaguazú, en concepto de indemnización por la muerte por electrocución de dos personas: Antonio Acosta Contrera y Mariano Ramírez Casco.
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Según una escritura pública citada por la fiscala Salinas, a cada familia le correspondía 400 millones de guaraníes como indemnización, pero la de Acosta Contrera solo recibió 45 millones y la de Ramírez Casco, 30 millones, lo que hace suponer un hecho de apropiación de 725 millones de guaraníes.
La fiscala señaló que Anadelia Acosta es vecina de las familias afectadas y la investigación apunta a que la funcionaria del Congreso ofreció gestionar el pago de la indemnización y presentó a las familias al abogado Darío Aquiles Flores, quien el pasado 14 de agosto peticionó a la ANDE resarcimientos económicos por 400 millones de guaraníes para cada familia.
Retiraron cheques con un poder sin validez
Los dos cheques intransferibles por 400 millones fueron emitidos por el Banco Nacional de Fomento (BNF) en septiembre y retirados por Anadelia Acosta y Darío Flores, quienes se valieron de un poder general para asuntos judiciales y administrativos para retirarlos en nombre de sus representados.
La fiscala explicó que el Ministerio Público tomó conocimiento del caso el pasado miércoles, cuando la familia de Antonio Acosta reclamó haber recibido solo 45 millones de guaraníes cuando el “acuerdo” del que fue informada era de 100 millones. Fue entonces que la Fiscalía accedió a la escritura pública que indicaba que los pagos en realidad fueron por 400 millones para cada familia.
Comentó que el pasado jueves se solicitó al BNF un informe sobre quién efectivizó los cheques intransferibles y que solicitará una orden judicial para obtener esa información si no la recibe hoy.
Señaló que ese cobro se dio en un centro de atención al cliente del banco en Repatriación, que no tendría la capacidad de efectivizar cheques por montos de dinero tan altos.
Indicó además que el poder general que fue utilizado para el retiro de los cheques no estaba inscrito en los registros públicos, por lo que carece de validez, y señaló como llamativa la rapidez con que se realizó la entrega, teniendo en cuenta que procesos como ese normalmente deben pasar por asesoría jurídica en el BNF antes de la entrega de los cheques.
Apropiación, estafa y lesión de confianza
La fiscala Salinas dijo que por el momento tiene a seis personas bajo investigación por presunta complicidad en el hecho y dijo que estima que ocho o nueve personas en total -incluyendo posiblemente a funcionarios del BNF y a una escribana que habría gestionado el poder general sin validez- estarían involucradas y se exponen a ser imputadas por apropiación, estafa y lesión de confianza.
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Como funcionaria pública, Anadelia Acosta presentó declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República el pasado 30 abril, en la que reportó cero activos y un pasivo de 15 millones de guaraníes, correspondiente a una deuda con el BNF. Solo siete meses después de declararse en quiebra, celebraba en redes la compra de una camioneta Kia Sorento nueva.