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Anadelia Acosta Armoa y el abogado Darío Flores se valieron de un poder general para asuntos judiciales y administrativos para retirar, en la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Repatriación, en nombre de dos familias humildes una millonaria indemnización que les correspondía a estas, según la investigación de la Fiscalía sobre supuesto hecho de apropiación y estafa.
El poder especial fue supuestamente autorizado a los gestores por ambas familias indemnizadas, según la escritura pública que fue presentada ante el BNF, que autorizó el pago, pese a que dicho documento no estaba inscripto en los Registros Públicos, conforme reveló el Ministerio Público.
Uno de los poderes, emitido supuestamente por una de las víctimas a favor de ambos gestores, es de la escritura pública N.º 18, con fecha del 30 de agosto pasado, y pertenece al notario público Mario León Caballero Adorno, con el registro profesional N.º 207, de Ybycuí, según las imágenes compartidas del documento, que, incluso, cuenta con el sello y firma del escribano mencionado.
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Escribano niega haber firmado poder especial
Caballero Adorno conversó esta mañana con ABC Cardinal y negó haber autorizado dicha escritura pública. “De ninguna manera”, afirmó de forma tajante y resaltó que no son su firma, sello ni credencial los que consignaron en dicho documento.
“Seguramente (falsificaron documentos, firmas y sellos), no hay otra forma”, afirmó el notario. Agregó que el que habría falsificado tendría estos elementos que acreditan su condición de escribano.
Resaltó que nunca llegó a ver o conoce siquiera a Armoa Acosta y el abogado Flores, quienes se adjudicaron el poder especial.
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El Artículo 246 del Código Penal Paraguayo, sobre producción de documentos no auténticos, refiere que “el que produjera o usara un documento no auténtico con intención de inducir en las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”.
Millonario despojo de indemnización
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) desembolsó cheques por un total de G. 800 millones a favor de las dos familias víctimas por las muertes de dos de sus integrantes por electrocución accidental.
Las familias debían recibir G. 400 millones cada una, pero solo recibieron G. 45 y 30 millones, respectivamente.
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La Fiscalía presume que los gestores ante la ANDE del pago del resarcimiento —entre ellos Anadelia Acosta Armoa— se apropiaron de los G. 725 millones restantes.
Ambos cheques intransferibles por G. 400 millones fueron emitidos por el BNF y efectivizados en una sucursal de la entidad en Repatriación, departamento de Caaguazú, según el informe fiscal.
