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Raúl Latorre cesó el comisionamiento de Anadelia Acosta Armoa, funcionaria de la Cámara de Diputados que estaba prestando funciones en la Municipalidad de R. I. 3 Corrales y solicitó la apertura de una investigación luego de que se diera a conocer que es sindicada por el despojo de G. 725 millones de una indemnización que debían recibir dos familias de víctimas fatales de un accidente por un cable de la ANDE.
“Tras las denuncias dadas a conocer a través de los medios de difusión masiva con respecto a la funcionaria Anadelia Acosta, he dispuesto el inmediato cese del comisionamiento, su puesta a disposición de Recursos Humanos y el inicio de una investigación”, indicó Latorre en sus cuentas de redes sociales.
La mujer dice ser abogada, pero no se encuentran datos de su título. Cuenta con un salario total de G. 5.500.000 y se la ve ligada a varios referentes colorados cartistas, como el diputado nacional Miguel Del Puerto, vicelíder de la bancada de Honor Colorado. Además, coincidentemente con las fechas de la millonaria apropiación, se compró un Kia Sportage, cero km.
Ella y los otros implicados están intentando “devolver” solo G. 200 millones del total sustraído, pero la Fiscalía ya adelanta imputación para al menos 8 personas que forman parte del esquema.
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Fiscalía investiga esquema de apropiación
La fiscala del caso, Norma Salinas, detalló que hay al menos nueve personas involucradas en el esquema que se formó para apropiarse del dinero de dos familias.
Una de ellas recibió solo G. 45 millones del total de G. 400 millones que debía percibir en concepto de indemnización por la muerte de Antonio Acosta Contrera (53), quien se encontraba trabajando en un alambrado junto con Mariano Ramírez Casco (43) cuando un cable de la ANDE ocasionó la muerte de ambos.
La otra familia recibió apenas G. 30 millones, también de un total de G. 400 millones. La fiscala resaltó que en este caso la mamá del fallecido es sumamente humilde y analfabeta, vive en una casita de madera sin piso y ni siquiera llegó a utilizar el dinero que percibió, para honrar la memoria de su hijo, quien era su principal sustento.
Acosta Armoa fue quien se acercó a ambas familias para ofrecerse a hacer las gestiones para el cobro de la indemnización por la muerte de las dos personas, junto con un abogado. Ambos les hicieron firmar numerosos papeles y las engañaron al decir que cobraron sumas mucho menores a las que realmente entregó al ANDE.
A una familia le dijeron que cobraron G. 50 millones y le sacaron de vuelta G. 5 millones por cobro de honorarios. A la familia más humilde le dijeron que solo cobraron G. 40 millones y le retiraron de vuelta G. 10 millones en concepto de honorarios.
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Otros funcionarios públicos investigados
La agente fiscal comentó en contacto con ABC Cardinal que los involucrados están ofreciendo devolver apenas G. 200 millones del total de G. 725 millones que sustrajeron.
“Están desesperados tratando de encontrar la plata que ya dilapidaron”, destacó y añadió que otro de los involucrados ya empezó a construir una vivienda también en coincidencia con este hecho.
Entre los sospechosos figuran además funcionarios del Banco Nacional de Fomento en Repatriación, pues los cheques entregados por la ANDE solo podían ser efectivizados por los beneficiarios, pero fueron retirados por terceras personas. Además, ellas utilizaron un poder especial que debía estar inscripto en los Registros Públicos, pero no lo estaba.
Incluso, señaló que en esa sucursal el tope de entrega en efectivo es de apenas G. 30 millones en ventanilla.
