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Entre el 16 y el 20 de septiembre, una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) estará en nuestro país para verificar el estado de cumplimiento de las sentencias relacionadas a los casos de las comunidades indígenas Yakye Axa, Xákmok Kásek y Sawhoyamaxa, del departamento de Presidente Hayes, según informó la ONG Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco.
Agrega que entre las medidas a supervisar, se incluyen la restitución del territorio tradicional, la construcción de un camino de acceso para la comunidad Yakye Axa, la titulación formal de las tierras, así como la provisión de bienes y servicios esenciales para la subsistencia de las comunidades.
“El objetivo es realizar la visita in situ el grado de cumplimiento de las medidas establecidas en la sentencia, las cuales hacen referencia la restitución de tierras ancestrales, también un proceso judicial-jurídico de garantías del proceso. Las sentencias que emite la Corte-IDH son de cumplimiento obligatorio para los países que han adoptado el caso. El Paraguay tiene una obligación de cumplir e implementar las sentencias”, declaró la abogada Adriana Agüero, representante de Tierraviva.
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Corte-IDH: visitas in situ sobre cumplimientos de sentencias
Precisó que los fiscalizadores de la Corte-IDH realizarán una verificación en las comunidades y prevén reuniones con miembros de las mismas. Acotó que representantes de las instituciones del Estado estarán acompañando estas diligencias.
“Van a hacer recorridos por algunos puntos que se han acordado previamente. Estarían visitando las soluciones habitacionales en las comunidades de Xákmok Kásek, la unidad de salud familiar en construcción, viendo las condiciones en las que los niños están accediendo a la educación, aulas móviles, también visitarían los lugares donde las comunidades se suministran de agua, así como entrevistas con miembros de las comunidades”, reveló.
En 2017, el entonces juez ecuatoriano Patricio Pazmiño, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, había visitado estas tres comunidades para dar seguimiento a las sentencias a favor de las mismas.
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Desidia del Estado paraguayo
Desde Tierraviva cuestionan que a pesar del tiempo transcurrido desde las sentencias, el Estado paraguayo aún no ha cumplido plenamente con la restitución de tierras y la provisión de servicios esenciales.
La abogada, en ese sentido, apuntó al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), aunque resaltó que existe una desidia y falta de voluntad por parte del Estado para cumplir con las obligaciones establecidas por la Corte-IDH en relación a estas comunidades.
Reveló que recién cuando se supo sobre la visita de una delegación del órgano multilateral las autoridades empezaron a realizar algunas diligencias y gestiones.
“Con esta visita esperamos una resolución de supervisión que exija al Estado paraguayo un cronograma de cumplimiento de las sentencias y también de supervisión de construcciones y de obras como mantenimiento de los caminos de todo tiempo”, subrayó.
Cronograma de visitas
Agüero comentó que la delegación ya se encuentra en nuestro país y está encabezada por el vicepresidente de la Corte-IDH, el juez Rodrigo Mudrovitsch.
Agregó que, conforme al cronograma, mañana arrancarán las fiscalizaciones in situ en la comunidad Sawhoyamaxa. El miércoles la delegación irá a Yakye Axa y el jueves junto los Xákmok Kásek. El viernes prevé una audiencia complementaria.
Antecedentes de las sentencias de la Corte-IDH
En junio del 2005, el Estado paraguayo fue condenado a entregar de manera gratuita a la comunidad Yakye Axa sus tierras ancestrales en un plazo máximo de tres años, plazo vencido en julio de 2008. No fue sino hasta el 2012 que se adquirieron 12.312 hectáreas para la comunidad, dentro del territorio Enxet, pero diferentes a las originalmente reivindicada. También debían construirles caminos de todo tiempo que, casi 20 años despúes, está a punto de completarse, según Tierraviva.
En cuanto a la comunidad Xákmok Kásek, en el 2010, la Corte-IDH declaró al Paraguay responsable de la violación de los derechos a la comunidad y le fijó un plazo de 3 años, prorrogable a uno más, para la restitución de las 10.700 hectáreas reclamadas. Pero, no fue hasta 2016 que se devolvieron las tierras con una extensión de 7.701 hectáreas, quedando pendientes 2.999 hectáreas para cumplir con el mandato internacional. Tierraviva denunció que otras medidas reparatorias aún siguen pendientes.
En el 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los Sawhoyamaxa y obligó al Estado Paraguayo a devolver a la comunidad 14.404 hectáreas que son parte de sus tierras ancestrales. El 11 de junio del 2014, fue promulgada la Ley 5194, y los terrenos donde estaban asentadas dos empresas fueron expropiados a favor de este pueblo indígena.