MNP solicita intervención inmediata del Cereso por presuntos hechos de tortura

Debido a los aparentes hechos de tortura en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) que dejaron como saldo el acoso y mutilación de extremidades de varios reclusos, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) toma acciones. Instó al Ministerio de Justicia (MJ), la urgente intervención del establecimiento penitenciario del departamento de Itapúa.

Centro de Rehabilitación Social de Itapúa, en Cambyretá.
Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, en Cambyretá. (archivo).Gentileza

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Los informes médicos desde la ciudad de Encarnación, que está cerca del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) del distrito de Cambyretá, dan cuenta que dos personas privadas de libertad de este local de Justicia, llegaron, el lunes hasta el Hospital Regional con lesiones en varias partes del cuerpo. Se trata de Héctor Daniel Ferrando Fernández y Samuel Franco González, ambos recluidos por hurto.

Ambos terminaron con una de las falanges del dedo índice amputadas. Uno de ellos en la mano izquierda y el otro en la derecha, explicaron desde el centro asistencial.

En una nota remitida al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) recomienda que, ante la gravedad de las denuncias recibidas, se disponga de manera urgente una investigación e intervención del Cereso.

Solicita que separen de sus cargos, mientras dure la investigación, al director, a su jefe y subjefe de seguridad, a quienes funcionarios y personas privadas de libertad señalan como responsables de la delegación de la autoridad disciplinaria a otros internos para que procedieran a las mutilaciones.

MNP recibió reportes de que presos “administran” pabellones

El ente que vela por los Derechos Humanos obtuvo información sobre la existencia de un esquema de venta de pabellones a personas privadas de libertad para que los administren, situación que redituaría en beneficios económicos de algunos funcionarios e incluso de la dirección, según las denuncias recolectadas por este organismo.

“Estos espacios, una vez vendidos son administrados por el comprador, quien estaría pagando un canon a la dirección de la institución que, a su vez, contaría con dos funcionarios que se encargan de garantizar que el comprador de pabellón pueda imponer su propio orden y disciplina”, señalan en otra parte del comunicado.

Afirman que estos espacios estarían funcionando al margen de todo lo dispuesto por el Ministerio de Justicia (MJ).

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