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Luego de las declaraciones de Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quien admitió que la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos participó del allanamiento a la vivienda de Eulalio “Lalo” Gomez y además afirmará que este organismo decide con quien trabajar en sus operativos, Óscar Tuma, abogado de la familia del fallecido, criticó este sistema de trabajo.
“Esta situación tiene que generar alertas, pero ahora se nos fue de las manos porque también la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles (SIU) de la Policía Nacional, ninguneó a la Senad y por lo que se evidencia que no existe confianza. Es grave porque los extranjeros toman sus cosas, se van y no tenemos a quien reclamar después”, refirió en ABC TV.
Tras revisar documentos, Tuma dijo que en varias partes del texto de la orden de allanamiento se lee que la SIU estaba involucrada. “Creo que tenemos el derecho de saber qué dice el acuerdo de Paraguay con organismos del exterior”, sostuvo. Agregó que no se objetan estas cooperaciones pero el Paraguay no puede perder su soberanía.
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Cuestionamientos en registro de orden de allanamiento
El representante legal de los Gomes teme que las instituciones le escondan información. “Yo accedo a los documentos que puedo ver. Me llamó la atención que la Fiscalía haya tenido la orden de allanamiento, el viernes 20 de agosto y no se alce al sistema, como cualquier documento judicial. Había sido que ingresó por ventanilla, porque tiene sello de mesa de entrada”, resaltó.
Entre otros puntos lamentó que se haya levantado el cuerpo sin orden de la Fiscalía. Duda de la explicación del Ministerio del Interior sobre la trayectoria de las balas. “Si se hace un contraste de testimonios, todo es contradictorio y la cartera de Estado muestra desesperación”, enfatizó.
Detectó error de Contraloría sobre valor de una camioneta de “Lalo”
Tuma aprovechó el programa para dar a conocer lo que él considera un error de la Contraloría General de la República (CGR). Se trata de una parte de la declaración jurada de Gomes.
Específicamente de una camioneta, que en el documento de la CGR se menciona que cuesta G. 820.800.000.000.
El abogado subrayó que no es el costo real de ese vehículo.
