Propietaria de guardería, imputada por homicidio culposo tras ahogamiento de niño

La fiscal Natalia Cacavelos imputó a Gisselle Gill Sanabria, propietaria de una guardería Happy Education Learning Place (Help), por homicidio culposo tras el trágico ahogamiento de un niño de 2 años en una piscina sin protección adecuada.

Piscina de la guardería Happy Education Learning Place (Help) donde falleció ahogado un niño de 2 años.
Niño muere ahogado en la piscina de una guardería

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La agente fiscal Natalia Cacavelos confirmó hoy la imputación de Gisselle Hilda Beatriz Gill Sanabria, propietaria de la guardería Happy Education Learning Place (Help), por el delito de homicidio culposo, tras el ahogamiento de un niño de dos años en las instalaciones del establecimiento.

El trágico incidente ocurrió el 16 de julio durante una colonia de vacaciones de invierno dirigida por Gill Sanabria. Según las investigaciones, a las 09:27 de la mañana, el menor salió al patio de la vivienda sin supervisión adulta. A las 09:31, mientras corría alrededor de la piscina sin protección perimetral, el niño cayó al agua.

Niñera se percató 18 minutos después

La situación fue advertida 18 minutos después, a las 09:49, por la niñera del menor, quien lo sacó del agua y notificó a las encargadas del lugar.

A pesar de los intentos de primeros auxilios y reanimación, el menor fue trasladado al Centro Médico Bautista por la policía, donde se confirmó su fallecimiento debido a un paro cardiorrespiratorio por asfixia por sumersión.

Las investigaciones revelaron que el establecimiento no contaba con las medidas de seguridad y protección exigidas por la legislación vigente, ni poseía las habilitaciones administrativas del municipio de Asunción ni del Ministerio de Educación para su funcionamiento. El Ministerio Público obtuvo grabaciones del circuito cerrado del patio interno de la guardería, las cuales confirmaron los hechos.

Gisselle Gill Sanabria enfrenta una posible pena privativa de libertad de hasta cinco años o una multa, según el artículo 107 del Código Penal. El Ministerio Público ha solicitado un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo pertinente.

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