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Rosarito Montanía, jueza penal de Garantías de Asunción, admitió este miércoles el escrito de acusación presentado de manera interina por la fiscala María Isabel Arnold en contra del cantante de música urbana OG Selu, nombre artístico de José Luis Gómez Amarilla.
El músico enfrenta un proceso en su contra por supuesta trata de personas.
La jueza resolvió no hacer lugar a una serie de excepciones planteadas por la defensa del ahora acusado como de excepción de incompetencia, nulidad de la acusación, cambio de calificación, sobreseimiento provisional, de exclusión probatoria, entre otras.
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Con la aceptación de la acusación, la jueza dispuso la apertura a juicio oral y público, además de disponer que se mantiene vigente la medida cautelar de la prisión preventiva que soporta el músico.
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Antecedentes de la presunta trata: Operativos Guaraní y Asunción
El 18 de abril de 2023 se llevó a cabo el Operativo Guaraní de nuestro país, encabezado por la fiscala Claudia Aguilera y la fiscala adjunta Matilde Moreno junto con policías de Interpol-Py, dirigidos por las fiscalas Carina Sánchez y Claudia Morys y la policía española.
En territorio paraguayo, los procedimientos se centraron en las ciudades de Fernando de la Mora y Lambaré, dando como resultado la detención de una mujer identificada como “Ña Nena”, una de las supuestas encargadas de captar mujeres para enviarlas a España bajo engaño de un trabajo asegurado. Al día siguiente, cayó otra mujer identificada como Rosieni, en Concepción.
En tanto que en la ciudad de Córdoba, España, fueron detenidas cuatro personas, incautándose varios elementos documentales relacionados con el caso.
El 25 de abril de 2023 se llevó a cabo el Operativo Asunción en el que cayó detenido en Ñemby, José Luis Gómez Amarilla, alias Joselo, un supuesto artista emergente que se hacía conocer como “Arturo OG Selu”, y en el Ferrol, Coruña, España, fue detenida su madre, Victoria Amarilla Cantero, quien explotaba sexualmente a las mujeres, según los datos brindados por fuentes de la investigación.
Prometían trabajo y las mantenían encerradas
La fiscala Carina Sánchez había manifestado a este medio que ambos grupos operaban con una forma en común, es decir, ofrecían trabajo fijo en España y con buena ganancia, para obtener la confianza de las víctimas. Sin embargo, una vez allá se les indicaba la realidad de que debían prostituirse para cubrir la deuda por su traslado hasta allá.
Sánchez señaló, además, que muchas de las mujeres entregaban sus documentos, bajo la promesa de que se los iban a guardar para que no se pierdan, pero esta no era nada más que una artimaña para evitar que pudieran escapar del lugar o pedir ayuda.
Las víctimas de explotación sexual, según refirió la agente del Ministerio Público, eran mantenidas encerradas en los departamentos donde eran obligadas a prostituirse. En estos casos, los victimarios “les trabajan más psicológicamente a sus víctimas”, expuso la fiscala.