Cargando...
En conversación con ABC Color este viernes, Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, comentó sobre los allanamientos realizados ayer por el Ministerio Público en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, en el marco de una investigación de supuesta complicidad entre funcionarios penitenciarios y personas privadas de su libertad en hechos de estafa.
El jueves por la tarde, una comitiva encabezada por la fiscala Alicia Sapriza se presentó en ambos sitios y solicitó información pertinente a una investigación sobre un supuesto esquema de extorsión y de estafa telefónica desde el interior del penal de Tacumbú, en el marco de la cual ya fueron detenidos un guardia activo y un exguardiacárcel.
Lea más: Estafas telefónicas: detienen a exguardiacárcel de Tacumbú sospechoso de complicidad con internos
Según comentó el viceministro de Política Criminal, se está investigando también denuncias de extorsión en un área de Tacumbú conocida como “Comisión Mixta”, que describió como una suerte de depósito donde se almacenan mercaderías llevadas al penal por familiares de los internos y desde donde estas son distribuidas a los mismos.
Familiares denunciaron que funcionarios penitenciarios exigen montos de dinero para entregar las mercaderías a sus destinatarios. El guardia activo detenido era el encargado de esa “Comisión Mixta”, agregó el viceminstro.
Añadió que el exagente también detenido esta semana tenía cerca de la cárcel un local comercial donde funcionaba una boca de cobranza “donde supuestamente se efectivizaban productos de esa extorsión”.
Sospecha de complicidad con estafas
La fiscala Sapriza dijo ayer que el detenido era sospechoso de haber ingresado elementos ilegales al penal y de haber colaborado con dinero y saldo telefónico para la concreción de estafas telefónicas por parte de personas privadas de su libertad dentro de Tacumbú.
Según comentó el viceministro, la comitiva fiscal solicitó informes y retiró documentos y grabaciones de cámaras de seguridad del penal que cubren un lapso de aproximadamente un año.