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El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Ramírez Candia, explicó en una sesión, que tras un análisis que efectuó el Departamento de Auditoría Interna de la máxima instancia judicial, el 27 de mayo pasado, se remitió a su gabinete este trabajo en relación a dos expedientes de la ciudad de Yuty, en Caazapá, cuyo juez, es Miguel Ángel Riquelme.
“En el informe se pudo constatar que se pusieron en evidencia dos expedientes con serias irregularidades. En el primero que es sobre un interdicto de recobrar una posesión, se detectaron 5 irregularidades. En tanto que en el segundo que es del ámbito civil de usucapión, se detectaron 10 irregularidades de orden procesal”, expresó.
Comentó que en algunos casos se observó una abierta violación del código de organización judicial, pues en dos casos no constan el sello de estadísticas y el resto son errores de carácter procesal de aplicación del Código Procesal Civil.
Ramírez Candia citó dos situaciones en el expediente del interdicto: la primera es que se admite un recurso de aclaratoria, dos años después que fuera notificada la resolución de la sentencia y la segunda es que se extiende a los que no participaron del proceso civil. “En el segundo expediente se hace lugar a una demanda a favor de una asociación un año después de que se creara, pues este grupo se creó en abril de 2020″, sostuvo.
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Suspensión y remisión de los casos de Riquelme al JEM
Tras escuchar la exposición del ministro, el pleno de la Corte, por unanimidad, suspendió al juez de Yuty, sin goce de sueldo.
También se decidió la remisión de estos antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que podría procesarlo tras hallarse estas falencias.