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Los vecinos del barrio San Antonio, zona también conocida como Varadero, piden a la Municipalidad de Asunción tomar urgente intervención a las propiedades invadidas sobre las calles Kanonnikof e Isabel la Católica.
Ahora la zona es conocida como “La Favela” asuncena y se convierte en el núcleo de personas que se dedican al robo, además a la comercialización y consumo de drogas de todo tipo. “Todos los días hay muchos delincuentes, personas con antecedentes de diversos hechos punibles. Viven personas consumidoras y ventas de drogas”, denunció una vecina que, por miedo a represalias, prefirió conservar su identidad.
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Invasores vinieron en 2018 y nunca se fueron
Mediante una nota de abril de este año, pidieron al Ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, que reclame al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, la reubicación de familias que fueron damnificadas por el crecimiento del río Paraguay en 2018 y son ocupantes irregulares de dos propiedades del Ministerio de Economía y Finanzas, ex Capasa, además de la calle Isabel la Católica.
Vecinos denuncian que la Municipalidad de Asunción, a través de su Dirección general de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, ha traído a un grupo de vecinos del lugar denominado “Garcia Cue”, ubicado a tres cuadras de la propiedad del MEF. Una vez que el río vuelva a su normalidad, debían retornar a su zona de origen; sin embargo, hasta hoy se resisten a volver.
“La Favela”, nido de asaltantes, microtraficantes y drogadictos
Una pobladora, frentista de “la Favela”, relató que los invasores que están en “La Favela” son los que asaltan, consumen drogas en la vía pública y ante un reclamo, son prepotentes. Asimismo, relató que ante algún conflicto o reclamo, todos los invasores salen, entre gritos, para apoyar a los delincuentes.
“Las personas ya no quieren venir a esta zona. Los servicios de plataforma, como Uber y Bolt ya no ingresan acá. Hay mucha gente que no tiene como movilizarse. Tampoco el servicio de delivery quiere ingresar por la zona, porque temen a que sean asaltados”, lamentó una vecina.
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Denunció además que los vecinos ya fueron testigos de que los invasores de las propiedades traen motocicletas robadas y las esconden; sin embargo, las que tienen rastreo de GPS son incautadas por la Policía Nacional. “Ellos roban todo lo que encuentran, desde los focos, hasta electrodomésticos y motos”, señaló.
Debido a esa situación crítica, todos los vecinos del barrio deben vivir en atentos y con miedo a ser las próximas víctimas. En ese sentido, ya pidieron la intervención a la Senad, a la Policía Nacional para que puedan actuar y poder restablecer la paz en la zona, pero nunca ocurrió.
Tienen casas de madera, pero electrodomésticos de lujo
Las personas que invaden las propiedades y la calle Isabel la Católica viven en casas precarias, de madera; sin embargo, dentro de esas casas improvisadas hay electrodomésticos de alta gama, según declaró la denunciante a ABC. Asimismo, estos pobladores consumen energía eléctrica y agua de manera totalmente clandestina.
Según refirió la denunciante, los invasores ponen mano dura para salir de las propiedades, ya que esperan que el Gobierno le dé una parcela de tierras. “Esta gente, tienen otras casa en otros lados. Ellos esperan que se le construya algo similar al barrio San Francisco”, señaló.
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Familias invasoras tienen respaldo político
Las familias fueron traídas en el 2018, en la administración del entonces intendente Mario Ferreiro. La subida del río fue prolongada, hasta el inicio de la pandemia, y las familias tuvieron que quedar allí. Posteriormente, debido a la pandemia, no se podía proceder al despeje de la comunidad.
Según denunciaron, los invasores reciben apoyo político para que permanezcan en el sitio invadido. “Este líder político de la seccional 20 brinda el respaldo necesario”. El hijo del presidente de seccional, está en la zona de Riesgos de la Municipalidad”.
Los vecinos explicaron que la resolución 1.882/2018 de la Intendencia Municipal, ya ordenaba como medida de urgencia la inmediata desocupación del dominio público. Existe además una orden judicial del desalojo del sitio, con A. I. 1.219/2019, dictada por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Duodécimo Turno, Enrique Mongelós, que la Municipalidad de Asunción incumple.