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Según los datos, Octavio Álvarez Ramírez (62) se presentó el lunes último ante el Juez de Garantías de San Juan Nepomuceno, Carlos Flores, donde se encuentra el expediente del caso y fue beneficiado con el arresto domiciliario. Sin embargo, la querella ejercida por el exfiscal general adjunto Federico Espinoza apeló en la fecha la resolución judicial, además estaría ejerciendo presión para que el caso sea enviado a un agente a medida.
El homicidio por el cual fue acusado Álvarez ocurrió en la noche del 15 de noviembre del 2006, días antes de las elecciones municipales que se realizaron el domingo 19 del mismo mes.
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El homicidio del funcionario municipal fue utilizado por las autoridades coloradas para volcar nuevamente al electorado a su favor y nuevamente un miembro del clan López Acosta ganó las elecciones.
El homicidio de Alcides Arzamendia Vargas
Según los datos, el homicidio de Alcides Arzamendia Vargas ocurrió en la zona de la compañía Tarumá, distrito de Abaí, en la zona de la comunidad indígena Cerrito. La víctima fatal, según los antecedentes, viajaba en el asiento trasero de una camioneta conducida por Carlos López Acosta (hermano del candidato colorado para la intendencia) junto con José Riveros, un funcionario público, y Sergio Arzamendia, hermano de la víctima .
El incidente ocurrió supuestamente cuando se cruzaron con la camioneta de Octavio Álvarez, quien supuestamente realizó un disparo que impactó en la nuca del funcionario municipal, quien falleció en el acto.
Carlos López Acosta, Sergio Arzamendia y José Riveros aseguraron a los investigadores que el autor del disparo fue Octavio Álvarez, quien realizó una ráfaga de disparos con una pistola 9 mm, parado desde la ruta. Pero varios testigos, quienes viajaban en la carrocería de la camioneta de Álvarez, aseguraron que el mismo no realizó disparo alguno, y ni siquiera detuvo la marcha del rodado que conducía.
Álvarez tuvo temor de la justicia instrumentada por la familia López Acosta y se fugó a la Argentina donde estuvo en la clandestinidad casi dos años, hasta que fue detenido en Quilmes en julio del 2008. El mismo estuvo dos años y 6 meses con prisión preventiva, en el vecino país, en el marco del proceso de extradición, pero la justicia argentina no encontró méritos suficientes o elementos que demuestren su participación en el hecho investigado y entonces resolvió excarcelar al procesado.
El lunes último Octavio Álvarez Ramírez se presentó en el juzgado de garantías de San Juan Nepomuceno para someterse a la justicia paraguaya.
Datos curiosos del caso
La supuesta escena del crimen, cerro Tarumá, se encuentra a media hora de viaje de San Juan Nepomuceno, pero llamativamente el cuerpo de la víctima llegó al hospital con una rigidez cadavérica de más de 8 horas.
Los testigos como Carlos López Acosta y José Riveros aseguraron que el disparo se realizó desde una distancia considerable, como cinco o diez metros, sin embargo la herida en la nuca de la víctima tenía tatuaje que indicaba que el disparo fue realizado desde menos de un metro.
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Los peritos forenses del Ministerio Público dictaminaron que el ángulo de disparo no coincide con la trayectoria que pudo haber tenido una bala disparada con un arma sostenida supuestamente por Álvarez, estando parado en la ruta, como afirman los testigos de la víctima.
El disparo que mató a Alcides Arzamendia tiene una trayectoria de arriba para abajo, similar a una ejecución, con la víctima arrodillada. La víctima tenía la ropa con barro y aparentemente estaba arrodillada en el suelo y recibió un disparo a quemarropa.
Otro dato curioso es que la camioneta donde supuestamente ocurrió el homicidio casi no tenía sangre. Excepto alguna mancha de sangre a consecuencia que fue trasladada en la misma el cadáver de una persona ya muerta.
Fiscal a medida
La carpeta fiscal estaba en la unidad 2 del Ministerio Público de San Juan Nepomuceno, a cargo de José Núñez, pero el mismo fue cambiado hoy y fue asignada para llevar el caso a la fiscala Gladys Giménez, de Villarrica.
Según los datos, el abogado de la querella tiene mucha influencia en el Ministerio Público como ex fiscal general adjunto, en la época de Javier Díaz Verón, consiguió influenciar a Humberto Rosetti, actual fiscal general adjunto de Villarrica, quien ordenó el cambio del fiscal Núñez.