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La imputación contra el magistrado recientemente suspendido por la Corte, Jorge Adolfo Franco Garelik, de 55 años de edad, que fue presentada por la fiscala de la unidad 3 de Ñemby, Lourdes Elizabeth Bobadilla Riveros, recayó en el despacho de la jueza Penal de Garantías 1 de Lambaré, Gladys María Patricia Fariña Larrosa.
La jueza Fariña, además de admitir o rechazar la imputación, deberá remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para que esta instancia analice el desafuero del juez Franco.
En caso de que el JEM retire los fueros al juez de Paz de Nueva Asunción, la fiscala de Ñemby pidió a la jueza de Lambaré que aplique la medida de arresto domiciliario.
También la actuaria
La imputación por asociación criminal y prevaricato también afecta a la actuaria del Juzgado de Paz de Nueva Asunción (Chaco’i), Gabriela Noemí Gaona Benítez, de 35 años.
Según el Ministerio Público, el juez de Paz y la actuaria “habrían emitido resoluciones como órdenes de secuestro, violando los derechos de la otra parte, para favorecer a la playa de venta de vehículos Steven Automotores, a través de su dueño Denis Steven Bareiro y sus representantes legales. Cabe mencionar que dichas resoluciones fueron emitidas inmediatamente después del escrito de demanda sin cumplir las formalidades que requiere un juicio ordinario en el ámbito civil”.
La fiscala Lourdes Bobadilla, de hecho, dijo que en el allanamiento que se hizo el jueves último en el referido Juzgado de Paz fueron rescatados 68 expedientes judiciales sin los requisitos establecidos, pese a que aparentemente la oficina fue casi vaciada un día antes al conocerse la información de que la Corte Suprema de Justicia suspendió en sus funciones justamente al juez de Paz Jorge Adolfo Franco Garelik, a la actuaria Gabriela Noemí Gaona Benítez y al ujier notificador de ese despacho, Reinaldo Ramón Bordón Duisit, este último de 52 años de edad.
Modus operandi
Según la investigación de la Fiscalía, la playa de venta de vehículos Steven Automotores de Ñemby vendía vehículos con planes aparentemente ventajosos, pero en muchos casos sus dueños o empleados no se hacían encontrar cuando los clientes querían pagar su cuota, de modo a generar un retraso en el pago y así poder recuperar los rodados mediante órdenes de secuestro emitidas casi al instante por el Juzgado de Paz de Nueva Asunción.
Esta oficina de Juzgado de Paz de Nueva Asunción corresponde a la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes y no a la de Central, donde en teoría deberían tramitarse las denuncias de la playa de venta de vehículos Steven Automotores de Ñemby.
VIDEO: Allanaron Juzgado de Paz de Nueva Asunción por presuntas estafas de playa de vehículos de Ñemby
Los dueños de la playa, Carlos Alfredo Bareiro Benítez, de 54 años, y su hijo Denis Steven Bareiro Chávez, de 31 años, también fueron imputados por estafa y asociación criminal y la fiscala Lourdes Bobadilla requirió cárcel para estos dos.
Padre e hijo también están procesados en otras causas por hechos similares.
La playa de Ñemby fue allanada por el Ministerio Público el miércoles último.
El nexo entre el juez de Paz de Nueva Asunción y los dueños de la playa de Ñemby, aparentemente, era un tal Carlos Rubén Yrala, que sería oficial de Justicia.
Según el acta de imputación, Yrala es “abogado de la playa de autos Steven Automotores y oficial de Justicia que ejecuta la orden de secuestro emanada por el Juzgado de Chaco’i”.
La víctima de la supuesta estafa
La víctima del caso por el cual ahora fueron imputados el juez de Paz y la actuaria de Nueva Asunción, así como los dueños de la playa de venta de vehículos Steven Automotores, es la señora Natalia Bareiro Spurio, de 35 años.
Según el acta de imputación, el 5 de agosto de 2023 la señora Natalia compró compró un vehículo de la playa Steven Automotores de Ñemby, “haciendo una entrega de G. 13.500.000 y pagaderos en 36 cuotas de G- 1.694.000, con sistema de rastreo satelital (GPS), siendo el primer vencimiento de la cuota en fecha 10 de setiembre de 2023, firmando un contrato privado con Carlos Alfredo Bareiro Benítez, en representación de Denis Steven Bareiro Chávez, con certificación de firmas de la escribana Olga Valentina Insaurralde”.
Posteriormente, Natalia Bareiro Spurio “se habría atrasado en el pago de su primera cuota del 10 de setiembre de 2023, y el 2 de octubre de 2023 llegó hasta su domicilio el oficial de Justicia Carlos Yrala, con una orden de secuestro firmada por el juez de Paz Jorge Adolfo Franco y la actuaria Gabriela Noemí Gaona, cuya orden habría sido firmada por dicho juez en fecha 14 de setiembre de 2023″, dice el texto del Ministerio Público.
Esto quiere decir que cuando apenas habían pasado cuatro días del vencimiento de la primera cuota, la playa Steven Automotores ya había conseguido que el juez de Paz de Chaco’i ordenara el secuestro del vehículo.
Lo peor es que “la misma entregó si auto y se acercó a la playa Steven Automotores pensando que al pagar la cuota le entregarían su vehículo, pero en el lugar le solicitaron la entrega de G. 17 millones. Ante la negativa de Natalia, intentaron hacerle firmar un contrato de compra-venta a favor del señor Denis Steven Bareiro Chávez, lo cual se negó nuevamente a firmar”, siempre según la imputación, que añade que “se negaron a entregarle el vehículo o la entrega del dinero que realizó como parte de pago y los pagarés originales que había firmado cuando adquirió el auto”.
“Beneficios económicos para cada uno de los integrantes de dicha organización”
El escrito de la fiscala Lourdes Bobadilla sostiene que los dueños de la playa Steven Automotores, Carlos Alfredo Bareiro Benítez y Denis Steven Bareiro Chávez, así como el oficial de Justicia Carlos Rubén Yrala, el juez de Paz Jorge Adolfo Franco Garelik y la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez conformaron “una organización delictiva con la finalidad de ocasionar un daño patrimonial” a esta víctima de turno, porque habría al menos 500 víctimas en total.
“Es una agrupación destinada a crear expedientes judiciales con procesos irregulares sin dar cumplimiento a lo que establece la forma de la demanda del Código Procesal Civil y trámites procesales, con la intención de engañar y obtener beneficios económicos para cada uno de los integrantes de dicha organización”, asegura la fiscala de Ñemby.