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En una nota dirigida al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y de sus exfuncionarios exigen de forma urgente la apertura de una investigación penal y administrativa sobre la filtración de chats entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes.
Aclaran que la nota no constituye una denuncia penal, ya que -indican- requieren más elementos para asumir dicha acción.
Aunque resaltaron que las diligencias ya debían haberse realizado, también requieren que se intervenga de forma inmediata para recolectar y preservar elementos de prueba “que probablemente ya fueron destruidos y que seguirán siendo destruidos u ocultados en caso de mediar actuación oportuna y contundente”.
Requieren la incautación de equipos de comunicación -entre ellos celulares y computadoras-, la intervención de la dependencia fiscal donde opera Cantero, el apartamiento de los agentes fiscales y la recolección de declaraciones de funcionarios intervinientes.
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Hay sospecha de hechos punibles
La abogada Cecilia Pérez refirió que mediante estas actuaciones se busca determinar dónde y cómo se redactaron los documentos, ya que los chats filtrados revelan que las diligencias fiscales se preparaban fuera de la dependencia fiscal y por terceros.
“Es imposible que un solo fiscal con su asistente hayan realizado tantas diligencias y que nadie se haya enterado. Queremos nosotros que se sepa quiénes más están involucrados y hasta dónde. Las testificales aparentemente se tomaron fuera de la Fiscalía y sin control; o sea, se traen las testificales armadas para que el fiscal las refrende”, dijo.
Resaltó que no se conforman con el cambio de fiscales de la causa porque consideran que hay indicios de la comisión de hechos punibles, como simulación, revelación de secretos y, sobre todo, prevaricato.
“Acá se preservó que una de las partes -que ni siquiera lo es, porque el abogado del denunciante no es parte en el proceso- es quien tuvo acceso, digitando y dirigiendo todo, versus la otra parte, que es la perjudicada, y que ni siquiera pudo tener acceso a la carpeta fiscal en estos 7 meses”, declaró.
Incautación de celular de fiscal Aldo Cantero
A raíz de la negativa del abogado Ovelar a que su celular sea auditado para comprobar la veracidad de los chats, Pérez refirió que está protegido jurídicamente en cierta medida por el secreto profesional, aunque -dijo- si se confirma su participación deberá ser procesado.
Afirmó que el aparato telefónico del fiscal Cantero no está bajo ninguna protección legal ante un pedido de intervención. Incluso, indicó que ya debió haber sido incautado, así como los de aquellos funcionarios que tuvieron participación en la causa.
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Querían “santificar” a Cartes ante EE.UU.
Por su parte, el abogado Felino Amarilla refirió que el foco no debe estar en un análisis jurídico de si corresponde la imputación o debe ser suprimida, ya que -dijo- se trata de una cuestión política.
En ese sentido, dijo que el enfoque debe estar en que se ejecutó una persecución política para mejorar la imagen de Horacio Cartes ante los Estados Unidos. “No quiero entrar en una disquisición jurídica porque esto es una cuestión política. Acá no hay que apartar el eje de la cuestión, acá lo central que, a través de esta persecución de inocentes, querían conseguir la santificación de Cartes para poder utilizar eso ante EE.UU. como que la Justicia paraguaya no lo encontró culpable, sino, al contrario, condenó a los que hablaron mal de él, ese es el objetivo”, dijo.
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Añadió que, contrariamente a lo que pretendían con lo tramado, dejan en evidencia a HC, ni siquiera a su abogado Ovelar, quien se presume actuó por sus indicaciones. “El denunciante es Cartes, no es Pedro Ovelar, quien es un testaferro. Creo que HC no entendió lo que estaba haciendo”, mencionó.
La Fiscalía General del Estado decidió hoy apartar a los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti de la causa y designó a un nuevo equipo, conformado por los agentes Luis Said, Fabiola Molas y Guillermo Sanabria.