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Este viernes, Miguel Palacios, juez de Garantías, rechazó el recurso de reposición planteado por la defensa del senador Hernán David Rivas y ratificó la admisión de la imputación contra el parlamentario cartista, por los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
El magistrado argumentó que la fiscal Patricia Sánchez puso a conocimiento del Juzgado de Garantías la supuesta comisión de hecho punible tras realizar las primeras investigaciones y la existencia de elementos de sospecha sobre la existencia del hecho que es punible, así como la probable participación del senador cartista.
En su resolución, Palacios agrega con esto “basta el estado intelectual de probabilidad sobre la existencia del hecho delictuoso, en los términos de posible participación de la persona a quien se atribuye tal hecho”.
Resalta además que conforme al artículo 302 del Código Procesal Penal, no encuentra motivos algunos para el rechazo del acta de imputación fiscal que fuera presentada por la agente fiscal interviniente, ya que la misma ha indicado habérsele generado la sospecha suficiente relacionado a los hechos investigados, así como supuesto autor a Hernán Rivas, con base en los elementos investigativos colectados y que lo indican cuales son, a más del cumplimiento de otros requisitos exigidos en la normativa mencionada.
El caso, en el que se investiga al legislador sobre su presunto título de abogado falso, queda ahora a cargo de la Cámara de Apelaciones que debe estudiar la apelación subsidiaria planteada por la defensa del congresista colorado.
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Lo que dice la defensa de Rivas
Los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres, defensores del senador cartista, argumentan que la imputación presentada por la fiscala Patricia Sánchez es un acto que debe ser sometido a un control jurisdiccional, debido a que viola preceptos de la Constitución Nacional (CN), normas procesales y la Acordada N° 1.631 dictada por la Corte Suprema de Justicia en el año 2022.
Según la defensa de Rivas, el acta de imputación es contradictoria con los propios elementos de convicción reunidos en la causa, además de que tiene ausencia de descripción de supuestas falencias formales en el marco de que se funda en circunstancias que a su propio criterio, son inverificables, y también porque las conductas atribuidas no tienen conductas antijurídicas antecedentes que ameriten la imputación.
Agrega que la imputación adolece de incumplimientos de requisitos legales insalvables y de frases desafortunadas en cuanto su pretensión, por cuanto que al afirmar: “que la matrícula de abogado y los documentos emitidos por la Universidad Sudamericana…son documentos cuyo contenido son inverificables”.
En ese sentido, Cáceres Frutos puntualizó, luego de la audiencia de reposición llevada a cabo esta mañana, que una investigación debe iniciarse ante la posibilidad y la certeza de la comisión de un hecho punible; no ante la no comprobación de un acto jurídico o de un instrumento.