IPS: hasta ahora no hay registro de que algún “comprador” de cargos haya ingresado

La fiscala que investiga un esquema de “venta” de contratos y nombramientos en el Instituto de Previsión Social dijo que hasta ahora no se ha encontrado que alguna de las personas que pagaron por un cargo haya entrado a la previsional. En la investigación hay 12 personas imputadas por supuesta estafa y asociación criminal, entre ellas siete funcionarios del IPS.

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Diego Peralbo

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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, la fiscala Sophia Galeano comentó sobre el avance de la investigación de un esquema de supuesta “venta” de cargos y nombramientos en el Instituto de Previsión Social (IPS) que se descubrió este mes y ayer sumó más personas detenidas.

El martes, en un allanamiento, una escribana y funcionaria del IPS identificada como Reina Torres (45), sospechosa de formar parte de un grupo de personas, varias de ellas empleadas de la previsional, que supuestamente ofrecían administrar nombramientos y contratos en la institución a cambio de dinero.

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La fiscala Galeano indicó que se sospecha que Torres “cumplía las mismas funciones que los primeros imputados: se encargaba de cobrar”.

En el allanamiento de ayer también fue detenido un hombre identificado como Rodolfo Velázquez Caje (25), por intentar obstruir la intervención fiscal-policial.

Ningún “cliente” entró al IPS

La agente del Ministerio Público comentó que hasta el momento no hay registros de que alguna de las personas que pagaron por el “servicio” que los imputados ofrecían hayan ingresado al IPS como funcionarios, aunque señaló que los investigadores siguen analizando la lista de “clientes” del esquema.

Agregó que los pagos de los que la Fiscalía tiene registros comenzaron en julio de 2023 “con la promesa de que iban a entrar en agosto”, pero esa fecha de ingreso se iba “estirando” cada mes.

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La fiscala dijo no recordar el monto exacto que el esquema logró recaudar, pero indicó que “es mucho el dinero”. Comentó que algunas de las “víctimas” del esquema lograron la devolución de su dinero por medio de “presión y amenazas”.

En total hay 12 personas detenidas en relación al hecho, la mayoría de ellas imputadas por presunta estafa y asociación criminal. Siete de los detenidos son funcionarios del IPS.

Para dar a sus operaciones una apariencia de legitimidad, los supuestos estafadores se presentaban ante sus “clientes” con uniformes del IPS y documentos con el logo de la previsional e incluso contaban con “equipos biométricos” para registrar a las personas que “caían”.

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