Cargando...
Debido a cuestionamientos por la validación de un gol del club Libertad contra el club Sportivo Luqueño, los árbitros Blas Romero y Juan Gabriel Benítez fueron declarados personas no gratas, con una resolución de la Junta Municipal de Luque.
Esta declaración impulsada por la concejala liberal Francisca Franco -quien dijo que lo hizo a pedido de la gente- manifestó que el objetivo no era que los dos sean foco de amenazas. Recordó que tiempo atrás al réferi Ulises Mereles también lo declararon persona no grata y no ocurrió esta situación.
Lo que dice el pronunciamiento de colegas de Romero y Benítez
“El plantel de árbitros, árbitros de video y árbitros asistentes FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol repudian enérgicamente la declaración formulada por la Junta Municipal, demostrando los integrantes de dicho órgano y en especial la concejal Francisca Franco el total desapego a los verdaderos fines del Estado y, por ende, su total ignorancia hacia la idea de servicio público”, señalan en parte del documento.
Agregan que la concejala desconoce las verdaderas necesidades de sus ciudadanos. Afirman que están convencidos de que esta declaración tiene tinte “populista”, no representa ni compromete a los ciudadanos de bien que habitan la ciudad de Luque.
Expresan su apoyo incondicional a Blas y a Juan Gabriel como así también a sus familiares y “exhortamos a las autoridades policiales y judiciales a garantizar la seguridad de nuestros compañeros”, finaliza el comunicado.
Los familiares dijeron estar temerosos por las amenazas de los miembros de las barras bravas, incluso temen hasta salir de sus casas por temor a agresiones.
CPAF responsabiliza a Junta de Luque de cualquier agresión
En otro comunicado, esta vez del Círculo Paraguayo de Árbitros de Fútbol (CPAF), responsabiliza directamente a la Junta Municipal de Luque si alguno de sus asociados sufre agresiones, debido a esta decisión en donde declararon personas no gratas a dos de sus árbitros.
También repudian “vehementemente” esta resolución municipal a la que califican de peligrosa, pues puede motivar a una violencia de “descontrolados vándalos insertados en el fútbol”, indica parte del escrito.
Aseguran que la Junta debería velar por la seguridad de sus conciudadanos y “aportar en positivo en favor de todo el deporte nacional”.