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El escándalo de aparente doble extorsión fue denunciado el miércoles de noche por el fiscal de la Unidad 4 de la Fiscalía Antisecuestro, Federico Tadeo Delfino Ginés, ante su superior directa, la fiscala adjunta de la Fiscalía Antisecuestro, Matilde Elena Moreno Irigoitía.
En el documento, que hoy fue utilizado como base por el fiscal general del Estado, el fiscal Federico Delfino denuncia “supuestos pedidos de dinero realizados por supuestos funcionarios de mi unidad, invocando el nombre de este representante fiscal, todo ello en el marco de la causa número 01/2024 caratulada ‘Personas innominadas sobre extorsión’”.
Efectivamente, esta es una causa abierta el 3 de enero de este año, cuando el chofer de Bolt y Uber Juan Guillermo Aranda Gómez (62) denunció ante el Departamento Antisecuestro de la Policía que el 31 de diciembre del año pasado fue retenido en el barrio Sajonia de Asunción por policías de la comisaría 2ª de la capital, quienes supuestamente le “plantaron” drogas en su vehículo, lo trasladaron a su unidad y luego le sacaron G. 3 millones para liberarlo.
Los supuestos autores de este hecho son el oficial inspector Cristhian Fabián Rodríguez (34), el suboficial primero Marcelo Barrios (30) y el suboficial ayudante Alejandro Carlos Eduardo Rocca Osorio (27), quienes fueron apresados el miércoles último e imputados ayer justamente por los fiscales Álvarez y Cardozo por los hechos de extorsión y privación ilegítima de libertad, aunque en el caso de Rodríguez también incluyeron la figura de inducción a un subordinado a un hecho punible.
Un supuesto microtraficante de Fernando de la Mora, Víctor Manuel Dávalos (25), quien fue el que pidió el viaje al chofer de Bolt aparentemente como para conducirlo a la trampa de los policías, también tiene orden de detención.
De 10.000 dólares a 150 millones de guaraníes
Según la denuncia del fiscal Delfino, el pedido hecho inicialmente a los policías, antes de que fueran detenidos, fue de US$ 10.000. Después, el monto trepó a G. 150 millones.
Además de sus funcionarios, también habría estado involucrado “un grupo de abogados”, según Delfino.
“En conversación informal con los señores Alejandro Rocca, Cristhian Rodríguez y Marcelo Barrios (los policías imputados), han manifestado que un profesional de apellido Insaurralde, en comunicación constante con un supuesto asistente fiscal de nombre José, habrían sido los que exigían las sumas de dinero para que la investigación contra ellos no prospere en esta sede fiscal”, revela Delfino en su denuncia que fue utilizada por el fiscal general Rolón.
Coincidentemente, el fiscal Federico Delfino tiene un funcionario técnico de nombre José Ramón Cárdenas Martínez (32), quien automáticamente pasó a ser el principal sospechoso de haber extorsionado a los policías que supuestamente extorsionaron al chofer de Bolt.
El Sindicato de Asistentes Fiscales emitió un comunicado aclarando que José Ramón Cárdenas no es asistente fiscal, sino ocupa el cargo de técnico. Aclaran que tiene carencia de responsabilidades y exigencias que se obtiene con el cargo de asistente fiscal.
De hecho, el fiscal general ordenó hoy la apertura de una investigación interna, de alcance aún administrativo, contra el citado asistente fiscal Cárdenas, quien es oriundo de Lambaré.
En cuanto a los abogados presuntamente implicados en la trama, en la denuncia se menciona a Omar Arístides Peña Mora (52), con matrícula 7.280, y Miguel Arturo Insaurralde Rivas (35), con matrícula 63.355, según la carta poder que aparentemente estos dos le quisieron hacer firmar a uno de los policías detenidos, Marcelo Barrios.
Supuestamente, estos abogados tenían incluso una copia de la carpeta fiscal, que les habría sido vendida por el asistente fiscal, documento con el que los profesionales de Derecho presuntamente intentaron convencer a los tres policías de que tenían influencias en la Unidad de la Fiscalía Antisecuestro que los estaba investigando.
Audios de los policías
La fiscala adjunta de Antisecuestro y el fiscal general del Estado también fueron informados de que los propios policías detenidos aparentemente grabaron en audio varias conversaciones telefónicas que mantuvieron uno de los abogados que pidieron el dinero y el supuesto asistente fiscal que prometía una solución.
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Lo que ahora los fiscales Álvarez y Cardozo deben investigar es si esos audios corresponden efectivamente a conversaciones entre el abogado Insaurralde o el abogado Peña y el asistente fiscal Cárdenas.
Ya tienen antecedentes
El comandante de la Policía Nacional, comisario general comandante Carlos Humberto Benítez González, reveló hoy en el programa A La Gran 730, que se emite por radio ABC Cardinal y el canal ABC TV, que los tres policías de la comisaría 2ª de Asunción ahora imputados por extorsión y que también habrían sido extorsionados por funcionarios de la Fiscalía ya tienen antecedentes previos.
Por ejemplo, en la Dirección de Asuntos Internos figura que el oficial inspector Cristhian Fabián Rodríguez, cuando era agente de la comisaría 2ª de Fernando de la Mora, en el año 2021, tuvo una suspensión en el cargo sin goce de sueldo por el término de seis días por supuesta barrera irregular y extorsión, denunciadas a través del Sistema 911.
El suboficial primero Marcelo Barrios, en tanto, cuando era personal de la comisaría 7ª de Asunción, en el año 2020, fue sancionado con cinco jornales de multa por hurto de un celular durante un control de personas en la vía pública.
El suboficial ayudante Carlos Eduardo Rocca Osorio, por su lado, cuando era patrullero de la comisaría 8ª de Capiatá, en el año 2023, fue sumariado justamente por extorsión y privación ilegítima de libertad, los mismos hechos por los que ahora está nuevamente imputado.
De hecho, en esa causa del año pasado, soporta medidas alternativas a la prisión y prohibiciones como de salir del país, de acercarse a la víctima, de consumir bebidas alcohólicas en exceso y de portar armas.
Esta última regla aparentemente nunca la cumplió, ya que utilizaba una pistola cuando supuestamente desplumaron en la comisaría 2ª de Asunción al chofer de Bolt que los denunció.