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La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, a través de su AI N° 1 rechazó el pedido de revocatoria de prisión preventiva y de esta forma, ratificó la medida cautelar para Floriano Escurra, alias Kavaju, procesado por tráfico internacional de drogas según la Ley N° 1340/88 y asociación criminal, según el Código Penal. Este es considerado como la mano derecha del prófugo Barón Escurra.
El abogado defensor de Escurra, Emerson Dutra Alarcón, solicitó la audiencia de revisión de medidas para su cliente señalando que “el Ministerio Público ampara su hipótesis fáctica en informes de la Policía”, los cuales se tratan “de simples informes de ‘inteligencia’ que no cuentan con ningún respaldo probatorio, pues no existe en la carpeta fiscal informes, denuncias, fotografías o cualquier otra instrumental que pueda avalar lo sostenido”.
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Así también dijo: “el informe de la Policía constituye solo una hipótesis que puede o no ajustar a la verdad real y, por ello, nunca puede constituirse en indicio para sostener que mi defendido ha cometido los hechos punibles hoy investigados. El único elemento de juicio que posee el Ministerio Público es la grabación telefónica realizada judicialmente donde, entre otras cosas, menciona conversaciones entre personas desconocidas”.
Luego puso en duda la investigación de la Fiscalía, pues “a casi un año de investigación fiscal, no ha podido acreditar con pruebas ¿cómo introduzco al país drogas peligrosas; cómo transformaba o remitía al exterior drogas peligrosas; si era por vía terrestre, marítima o aérea; qué tipo de drogas introducía, transformaba o remitía al exterior; a quién o quienes remitía y su valor; se logró incautar drogas peligrosas o alguna sustancia prohibida; qué tipo de sustancia, qué acción concreta realizó Floriano Escurra?”.
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Defensa ofreció millonaria garantía
El abogado Emerson Dutra ofreció como garantía real la suma de G. 70 millones de que el señor Floriano Escurra se someterá a las resultas del juicio. En el proceso se corrió traslado al fiscal Federico Delfino para que responda el incidente de la defensa, sin embargo el juzgado dio por decaído el derecho de contestar de la Fiscalía, por falta de respuesta en el tiempo establecido.
En ese sentido, la jueza analizó en relación a que “la defensa hizo un breve relato desde su percepción sobre una hipótesis fáctica alternativa y distinta a la sustentada por el Ministerio Público, adjuntando varias documentales, con la intención de desvirtuar la participación de su defendido en los hechos punibles acusados y de esta manera debilitar la teoría sostenida por el órgano investigador”.
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Sin embargo, “esta Magistratura advierte que todas las circunstancias mencionadas por el incidentista y que fundamentan su pretensión, se relacionan a cuestiones de fondo, por lo que carecen de fuerza suficiente en este estadio, para desvirtuar la hipótesis inicial sostenida por el Ministerio Público”.
En ese sentido, hasta la fecha “no existe un solo elemento de prueba que de por sí, pueda desvirtuar las sospechas iniciales descritas en el acta de imputación y las circunstancias señaladas, no pueden ser consideradas como hechos nuevos, que hagan viable la revocatoria de la prisión preventiva dictada contra el incoado Floriano Escurra”.
La red del prófugo Barón Escurra
Kavaju es señalado como el segundo al mando en la organización dirigida por Barón y, supuestamente, es el que se encargaba de pagar coimas a los policías de las comisarías de la zona y de las unidades especializadas que operan en Capitán Bado para que estos los dejaran trabajar tranquilos en el envío de marihuana y cocaína al Brasil.
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De hecho, Kavaju es el que en la noche del 22 de enero pasado recibió en su celular el aviso de que la misma comitiva que actuó cuando eso, ya estaba llegando a Capitán Bado para atrapar a Barón.
La alerta fue emitida aparentemente por uno de los policías que debía acompañar la operación, pero que por lo visto figuraba en la nómina de sobornados.
En aquella operación registrada hace 12 días había sido capturado el suboficial inspector Rigoberto René Ramírez Bazán, de 36 años, quien era personal de la comisaría 4ª de Capitán Bado y que supuestamente recibía constantemente dinero del grupo de Barón Escurra a cambio de protección.