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El juez Penal de Garantías Nº 7 Miguel Palacios impuso medidas de vigilancia sobre los imputados Christian Emmanuel Díaz Villalba (22) y Fernando Luciano Almeida Ortigoza (22), a través del AI Nº 1.097; y por el AI Nº 1.100, para Gustavo Adolfo Díaz Florenciáñez (43), quienes fueron aprehendidos con celulares en su poder durante el operativo Black List.
Los tres sujetos, que fueron imputados por el hecho punible de reducción por el agente fiscal Aldo Cantero, tienen la obligación de comparecer ante el Juzgado dentro de los primeros cinco días de cada mes, desde el mes de enero de 2024, para la firma del libro habilitado para el efecto. Además, la prohibición de salir del país sin previa autorización del juzgado a cargo.
Igualmente, se impuso caución juratoria para los tres, pero con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se revocarán las medidas impuestas y se ordenará su prisión preventiva, para el caso de Christian Díaz y Fernando Almeida.
También la prohibición de circular o permanecer en la vía pública entre las 18:00 y las 6:00, para todos ellos, pero para el caso de Gustavo Díaz con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se revocarán las medidas impuestas y se decretará la prisión del mismo.
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Otros cinco están imputados y con prisión
La jueza Penal de Garantías Nº 5 Diana Carvallo dirigió la audiencia de imposición de medidas y tras finalizar la diligencia judicial, resolvió la aplicación de la prisión preventiva para los detenidos en el Mercado Municipal Nº 4.
Se trata de los paraguayos César Figueredo López (32), Hugo Marcelo Saucedo Melgarejo (25), Nelson Ramón Ayala Rolón (37), Marcial Barrios Zayas (52) y el colombiano James Bladimir Garzón Aponte (30).
Estos también están procesados por el hecho punible de reducción agravada, que tiene un marco penal de 10 años de cárcel, de acuerdo con lo que establece el inciso 4 del artículo 195º del Código Penal: “4º Cuando el autor actuara: 1. comercialmente; 2. como miembro de una banda formada para la realización continuada de hurtos, robos o reducciones, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años”.
Tenían dispositivos provenientes de robos
La pesquisa se inició tras la denuncia hecha por el jefe del Departamento Especializado contra la violación de derechos intelectuales, comisario Diosnel Alarcón, el 4 de diciembre último, relacionada a la reducción de equipos terminales, robados y hurtados, al igual que la falsificación, adulteración, flasheo, cambio de IMEI (alteración de datos).
Ante estos datos fueron allanados locales comerciales, considerados como puntos de captación de celulares, provenientes de hechos ilícitos, como “NC NELL CELL”, propiedad de Nelson Ramón Ayala; “Otcom”, cuyo dueño es James Garzón; así como otros puestos tipo casillas en los que estaban como encargados Marcial Barrios, César Figueredo y Hugo Saucedo.
Se presume que todos ellos comercializaban objetos y productos obtenidos mediante hechos ilícitos anteriores. Además, estarían disponiendo de logística y equipamientos tecnológicos para reactivar o disponer de los teléfonos bloqueados, para volver a venderlos, burlando los mecanismos de control y seguridad.