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Julio César es un joven enfermero que sufrió un terrible perjuicio laboral y emocional debido a una negligencia o error procesal del Estado. Él fue imputado por dos hechos punibles cometidos por una persona con su mismo nombre. Este hecho le truncó el sueño de acceder al registro habilitante y concursar a un puesto público.
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El joven detalló que, como enfermero, en el año 2019 buscaba acceder al beneficio de la desprecarización y concursar públicamente por un puesto. Entre los requisitos estaba la presentación de antecedentes judiciales y, tras gestionar dicho documento, se encontró con la sorpresa de que tenía antecedentes por microtráfico y homicidio.
“No podía imprimir mi antecedente judicial. Después salta que tengo antecedentes. Yo lo tomé como broma, pero me decían que era verídico, que tenía antecedentes”, relató el afectado a ABC.
Recordó que ese caso de homonimia le hizo recorrer varias instituciones, comenzando por el Palacio de Justicia, Ministerio de Salud, Registro Civil, entre otros. Según le habían asesorado en ese entonces, él debía recurrir a un abogado para hacer los trámites pertinentes y hasta abrir un juicio.
No podía pagar un abogado
Julio César aclaró que en ese entonces tenía un cargo administrativo y sus ingresos eran de G. 1.800.000 mensuales. Sus recursos no alcanzaban para gestionar un abogado. “Ganaba muy poco y era imposible pagar un abogado. Busqué la manera de solucionarlo. (La situación) Me impidió acceder a un mejor puesto de trabajo, mejor remuneración, estabilidad laboral y el acceso al registro que me habilita como profesional de la salud”, lamentó.
El afectado recordó que debido a la negligencia del Estado le costó conseguir trabajo. Tampoco le era ofrecida una solución a los errores en sus documentos. “Metí mi carpeta a los hospitales y no podía acceder a ningún cargo público por no tener a tiempo mi registro, perdí todas las oportunidades”, detalló.
Tras el grave daño ocasionado, Julio César recurrió al Ministerio de Defensa Pública y, como primera instancia, se planteó un habeas data para actualizar y rectificar sus antecedentes. Se logró entonces comprobar del caso de homonimia.
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Se ordenó la exclusión de los antecedentes judiciales por un plazo de 24 horas y la expedición gratuita de los antecedentes penales a nombre del presentado.
Denunció al Estado y ganó
Julio César inició con ayuda de la Defensa Pública una demanda por habeas data. Posteriormente por indemnización de responsabilidad extracontractual contra la Procuraduría General de la República.
Argumentó que sus sueños fueron truncados por una negligencia del Estado. Recordó además que hasta le trataron de criminal por los antecedentes que tenía.
El Estado deberá pagar G. 236.000.000 más los intereses. Según los registros del Ministerio de Defensa Pública, es la primera vez que se logra un fallo de esta naturaleza.