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Durante una transmisión del consejo de ministros del Poder Ejecutivo, del 2 de octubre, se hicieron virales las declaraciones que le hizo el ministro de Justicia Ángel Barchini al presidente de la República, Santiago Peña, en relación con la desaparición del interno Oliver Lezcano que había desaparecido misteriosamente del penal de Tacumbú el 27 de setiembre.
“Según me dieron hoy el informe, presidente, esta mañana, parece ser que fue secuestrado (Lezcano) por el propio clan Rotela, y parece ser que pudieron haberlo matado, dentro de nuestra propia penitenciaría”, resaltó el ministro. Así comenzó todo...
Mientras seguían resonando estas expresiones, parecía todo en calma, hasta que el 10 de octubre, el clan Rotela anunció que contaba con la prueba en video, donde se lo veía y escuchaba al policía Lezcano. El audiovisual fue difundido y el mismo fugado desmintió que fue descuartizado. Desde la clandestinidad agregó que en cualquier momento se entregaría nuevamente a las autoridades.
En esa misma tarde, familiares de los reos crearon incidentes en la entrada del penal, por lo que tuvieron que intervenir antimotines de la Policía Nacional. Mientras tanto, dentro del penal la molestia supuestamente del clan Rotela generó un amotinamiento con quema de colchones que se veía desde el portón de acceso, hasta el punto de una toma de rehenes del director del penal y varios guardiacárceles. La tensión aumentaba a medida que pasaban las horas.
Cerca del anochecer- la crisis- que en principio fue minimizada por Barchini obligó a tres ministros del Ejecutivo a reunirse y tomar cartas en el asunto. Durante una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Enrique Riera, fue el vocero, y al lado suyo Óscar González, de Defensa Nacional. El que llamativamente se escondió siendo el más presionado fue Barchini.
La versión del Gobierno era que se tendría todo bajo control, sin embargo, según los videos, declaraciones y acciones dentro de la cárcel, la historia era todo lo contrario. Presos recorrieron hasta los techos, algunos robaron armas y equipos de los guardias. Un video -que aparentemente ordenaron grabar los revoltosos- mostraba la desesperación de los agentes penitenciarios que estuvieron varias horas como rehenes.
A altas horas de la noche, no se conocía con precisión qué es lo que realmente exigían para frenar con esta que fue como una toma de la cárcel, controlando inclusive a los directivos de la cartera de Justicia y al Estado.
Antes que finalice la jornada del 10 de octubre, el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora, salió a hablar a los medios de prensa asegurando que se conversó con los reclusos y que se llegó a un acuerdo para calmar las aguas.
En horas de la madrugada del 11 de octubre, el director de Tacumbú, Luis Esquivel habló para ABC AM 730, desde adentro y retenido contra su voluntad.
Comentó que los grupos que lo tenían de rehén pidieron que se abra la penitenciaría, garantías de que no va a haber represalias y un documento firmado con esos compromisos. Afirmó que los internos estaban dispuestos a liberar a los funcionarios una vez que se cumplan esas exigencias.
Otro resultado negativo fue el fallecimiento de un reo, en horas de máxima tensión en el penal. El interno murió acuchillado.
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Un pabellón bajo dominio de reclusos
Casi una semana después, en medio de las dudas del control o no del penal por parte del gobierno, Barchini volvió a hablar el 16 de octubre. Él mismo confirmó que un grupo de reclusos conservaba el control del pabellón “D”.
Teniendo en cuenta que los privados de su libertad continuaron en aquella fecha con armas de los agentes, los funcionarios estaban temerosos de entrar a trabajar. “No todo está bajo control, tenemos un alto riesgo de que esta situación que se planteó hace unos días siga ocurriendo”, comentó en ese momento Barchini.
Huelga de hambre de agentes penitenciarios
Este amotinamiento generó preocupación entre los guardiacárceles del penal de Tacumbú. La situación derivó que entre 25 y 28 agentes inicien una huelga de hambre. El motivo primordial de la medida de fuerza es tener seguridad para ellos ante las constantes amenazas de los presos. También contar con un seguro médico a nivel nacional, la Ley Orgánica Penitenciaria, y la desprecarización.
Advirtieron con ir a una huelga general porque dicen que Barchini no responde a sus pedidos.
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Lo último que manifestó Barchini es que la prensa provocó el motín encabezado por el clan Rotela. Calificó de “medias verdades” los reportes de que el Ministerio de Justicia “cedió” a la exigencia de ese grupo criminal al volver a “abrir” Tacumbú para el ingreso de nuevas personas privadas de su libertad.
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