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Desde el momento en que los padres denunciaron el caso en la fiscalía de la Sede 1 Unidad 8 de Luque, según la madre, el proceso ha estado plagado de irregularidades.
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La fiscala de la Unidad 8 de Luque Sophía Galeano y el fiscal adjunto Edgar Moreno tomaron el caso y solicitaron a la directora de la institución un informe que incluyera la instalación de circuito cerrado y el marcado de áreas perimetrales.
Galeano explicó que al no conocer los nombres de los agresores y en espera del resultado del identikit no puede proceder a ninguna orden de detención. Alega, sin embargo, que el proceso de investigación está en curso.
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”Yo entiendo perfectamente la preocupación de los padres, entiendo su angustia pero yo estoy haciendo mi trabajo”, se defiende ante las expresiones de la madre en cuanto a la dilatación del caso.
Las únicas informaciones proporcionadas a los padres y al abogado de la familia son que la cámara del circuito cerrado solo tiene capacidad de grabar durante 8 días las imágenes. Dos meses después, al confeccionar un identikit, la encargada cuestiona el procedimiento.
La directora, aparentemente desentendida del caso, se comunica con la madre un mes después de la denuncia para informar sobre la ausencia de la niña en clases, pero le llama la atención que nunca activó el protocolo correspondiente.
Abuso sexual: cuestionamientos de la madre
La madre señala que la directora “se lava las manos” al no haber activado el protocolo de abuso dentro de la institución educativa. Además, cuestiona por qué los presuntos agresores continúan asistiendo a la escuela, a pesar de que la niña reconoce a uno de ellos y puede identificar parcialmente a otro.
La madre solicitó a la CODENI educación a distancia para sus otros dos hijos, quienes también asisten a la misma escuela pero el pedido fue rechazado.
Procedimiento de evaluación en la fiscalía
Sorpresivamente, en el proceso de evaluación en la Fiscalía, la asistencia psicológica inicialmente cataloga a la niña como “fantasiosa” tras cuatro sesiones. Dos médicos forenses realizan la evaluación del estado físico pero el procedimiento es detenido por la madre al considerarlo abusivo.
La preocupación y la angustia de los padres es que a 4 meses de lo ocurrido no hay imputados o sospechosos y a pesar de este lamentable hecho, las actividades en la escuela continúan regularmente, generando preocupación de los padres.
El abogado de la familia sugiere que se podría haber solicitado un anticipo jurisdiccional de Cámara Gessel para agilizar la identificación de los agresores. Según lo informado por la fiscala encargada del caso este pedido está en curso.