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A las 8:00 de hoy debió iniciarse el juicio al suboficial inspector Ramón Balbino Vargas Espinoza y al suboficial superior Félix Antonio Ayala Caballero, acusados por frustración de la persecución y ejecución penal, por supuestamente alterar el sistema informático policial en 11 ocasiones para beneficiar a José Luis Bogado Quevedo, herido en el Ja’umína Fest de San Bernardino; sin embargo, fue suspendido.
El Tribunal Colegiado de Sentencia, presidido por la jueza Olga Ruiz e integrado por sus colegas Inés Galarza y Federico Rojas, recibió un pedido de la defensa de Ramón Vargas -que no asistió- para suspender el juicio, a la vez de presentar un certificado médico de reposo, pero como el documento no tenía el membrete de la institución donde habría sido atendido y no reunía otros requisitos más, los jueces declararon su rebeldía y ordenaron su captura a pedido del Ministerio Público.
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El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Francisco Cabrera, uno de los agentes del caso, informó a ABC que solicitaron al Tribunal que se intente realizar el juicio en forma conjunta a los suboficiales procesados, a modo de no tener que producir las mismas pruebas dos veces. Agregó que el Tribunal fijará nueva fecha para intentar iniciar el juicio, una vez que el policía se ponga a disposición.
La acusación contra Vargas y Ayala fue presentada en agosto de 2022 por los fiscales de UDEA Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, por los supuestos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba.
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Datos del supuesto narco baleado en Ja’umína Fest fueron modificados
Mediante averiguaciones del Ministerio Público se constató que, el 3 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía recibió el Oficio N° 4, del 27 de diciembre de 2018, a través del cual el juez interino del Juzgado Penal de Garantías N° 9 de Asunción, Elio Rubén Ovelar Frutos, pidió la detención con fines de extradición de José Luis Bogado Quevedo.
Ese oficio fue cargado al sistema informático policial el 4 de enero de 2019, a través del operador con usuario “medinas”, todo lo dispuesto por el órgano judicial. El operador llenó así el campo correspondiente de la causa: el dato de “detención con fines de extradición” y en el campo correspondiente a estado con el dato de “prisión preventiva-captura”.
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Un año después, el 6 de enero de 2020, el suboficial superior Ayala Caballero, del Departamento Judicial de la Policía, operador con usuario “ayalaf”, ingresó para consultar los datos de Bogado Quevedo y modificó los mismos, correspondientes al campo de estado, cambiando la “prisión preventiva-captura” a “antecedentes”.
También modificó el de número y fecha de nota, cambiando “n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018″ por “n.° 1206 de fecha 12 de diciembre de 2019″, y el juez “Elio Rubén Ovelar” a “Rolando Duarte”.
El 20 de mayo de 2020, nuevamente el operador policial “ayalaf” ingresó a la ficha de Bogado Quevedo e introdujo el dato: S (que significa sobreseimiento) en el campo correspondiente, además en el campo de sentencia, consignó: “AI 1.185″.
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Policías cargaron datos originales y volvieron a alterar datos, según MP
El 28 de agosto de 2020, otra vez el suboficial superior Ayala Caballero, con el usuario “ayalaf”, ingresó por última vez a la ficha de Bogado Quevedo, esta vez para volver a cargar los datos originales, es decir, “nota n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018; juez: Elio Rubén Ovelar Frutos; estado: detención preventiva-captura”.
Esta vez, el suboficial Vargas Espinoza, con usuario informático “vargasr”, ingresó el 23 de abril de 2021 desde la Dirección de Policía de Ñeembucú y modificó la ficha de consulta de Bogado Quevedo, cambiando a la “nota n.° 212 de fecha 20 de abril de 2021″, la causa a: “incumplimiento del deber legal alimentario; la sentencia: “AI 644″; la situación: “E” (significa extinción de la acción); las observaciones: “homologar acuerdo conciliatorio – extinción de la acción penal”; número de causa: “49-2006″; y el estado: “antecedentes”.
Ese mismo día, el uniformado “vargasr” modificó la carga hecha previamente, cambiando las observaciones a: “corresponde al orden 1 (uno)” y la situación a: “N” (que significa nulidad).
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Alteraciones destaparon encubrimiento y nuevo pedido del Brasil
Por último, el 31 de enero de 2022, un día después del ataque, el usuario “vargasr” ingresó a la ficha de Bogado y alteró todos los datos volviendo al estado original. Sin embargo, este ingresó nuevamente por última vez, ese mismo día, y cambió la causa de “incumplimiento del deber legal alimentario” a “detención con fines de extradición”, manteniendo los otros datos ya cargados.
En febrero último, el entonces director de la Dirección Técnica y Científica de la Policía, comisario general inspector Francisco Andino, informó a ABC que entre los tres uniformados realizaron 13 modificaciones al perfil de antecedentes judiciales de José Luis Bogado Quevedo.
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José Luiz Bogado Quevedo es requerido por la justicia de Brasil, donde ya tiene una condena de 17 años, 3 meses y 903 días multa por organización delictuosa.
Sin embargo, para mayo último, el juez Rolando Duarte cerró el proceso de extradición de José Luis Bogado Quevedo al Brasil, debido a que las autoridades del vecino país no remitieron la documentación pertinente en el plazo establecido en el Tratado de Extradición.
Pese al archivamiento de este proceso, Bogado Quevedo continúa preso en virtud de una nueva orden de captura impartida por la justicia brasileña, a cargo del juzgado penal de garantías N° 7, juez Miguel Palacios.