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En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el comisario Luis López, jefe de Crimen Organizado de la Policía Nacional, habló de la investigación sobre el fatal asalto a un camión de transporte de caudales registrado el pasado martes en el departamento de Itapúa.
Ese día, un grupo de personas fuertemente armadas interceptó un camión de la empresa Prosegur en la zona de General Delgado y mediante explosivos abrió el fuselaje blindado del transporte. El incidente se saldó con la muerte de un guardia y de uno de los asaltantes.
Un hombre identificado como Miguel Ángel Valiente fue arrestado en la ciudad de San Cosme y Damián bajo sospecha de haber asistido a los asaltantes quemando dos vehículos sobre la Ruta PY01 para obstruir el paso de la Policía durante el atraco.
Agentes penitenciarios del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Cambyretá afirmaron que el 31 de octubre pasado se informó al Ministerio de Justicia que dentro de ese centro de detención se estaba coordinando un asalto importante en el departamento de Itapúa.
La Unidad de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria sugirió entonces al Ministerio de Justicia la realización de requisas en las celdas de varios sospechosos recluidos dentro del Centro de Rehabilitación: los asaltantes Amado Ramón Benítez y Orlando Efrén Benítez, el extorsionador Carlos Alberto Chávez y los miembros del grupo criminal Primer Comando Capital Fredy González Delvalle y José Huppe.
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Sin embargo, el cateo fue ordenado recién un día después del asalto del pasado martes.
“Sospechas infundadas”
El comisario López indicó que los datos que las autoridades tenían sobre la supuesta participación de esas personas en la planificación del asalto no pasaban de ser “sospechas infundadas”, por lo que eran necesarios otros más para análisis.
“Cuando llega una información suelta empezamos a escarbar, a buscar mejores informaciones, tratamos de inmiscuir a todos los sistemas de inteligencia, policía, militar, penitenciaria, a los efectos de tener mayores datos”, dijo.
Agregó que sobre las personas nombradas “existen sospechas hasta ahora no fundadas” y que los investigadores “queremos más información para que nuestras sospechas sean información fidedigna”.