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Ante la denuncia de guardiacárceles, el Ministerio de Justicia salió al paso y, a través de un comunicado, negó haber recibido un informe oficial sobre la planificación del asalto al transportador de caudales de Prosegur.
“El Ministerio de Justicia informa que ni la institución ni el ministro Ángel Ramón Barchini recibieron de manera oficial comunicación alguna sobre la preparación de un hecho punible concreto, en este caso el asalto de un camión blindado transportador de caudales, por lo que mal se puede afirmar que esta secretaría de Estado omitió informes de inteligencia”, señala el comunicado.
Agrega que la nota del Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía que hace alusión a la denuncia fue remitida vía WhatsApp por el jefe de Gabinete de dicha dirección, comisario Pedro Heriberto Lesme Servín, a un subordinado del subcomisario Derlis Ramón González Franco, jefe de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria del MJ.
En ese sentido, el Ministerio de Justicia señala que “las informaciones de inteligencia sensibles y corroboradas son remitidas o comunicadas de manera oficial, o personalmente, a la cabeza de la institución y tramitadas inmediatamente entre pares”.
Asalto a Prosegur: plan fue mencionado de “manera genérica”
También el MJ alega que “la nota aludida menciona de manera genérica” que reclusos del Cereso estarían realizando “actividades de coordinación de hechos punibles” y “no un hecho concreto o específico”.
Puntualiza, además, que el “informe perdió consistencia” debido a que uno de los datos proporcionados en la nota “carecía de veracidad” porque menciona que Carlos Alberto Chávez, uno de los presuntos planificadores, estaba recluido en la penitenciaría de Itapúa, cuando este se encuentra privado se su libertad en un penal de Coronel Oviedo.
El comunicado del MJ deslinda de responsabilidad a Barchini, pues señala que los informes de inteligencia “solo llegan al ministro cuando los datos verificados y analizados cumplen con el protocolo y tienen absoluta veracidad. En este caso, la información remitida al Ministerio de Justicia no fue validada por los organismos de seguridad”.
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Asimismo, desde el Ministerio de Justicia aclaran que las requisas simultáneas realizadas una semana después del aviso -al día siguiente del asalto- en las penitenciarías de Encarnación y Coronel Oviedo fueron a pedido de la Policía, en prosecución de las investigaciones del ataque al camión de caudales.
Reconocen negligencia en comunicación
El viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora, señaló en ABC Cardinal que la comunicación sobre al ataque la recibieron de manera informal y que su contenido no fue preciso, por lo que “perdió fuerza o importancia”.
No obstante, reconoció que hubo una negligencia al concretarse el asalto que se había advertido. En ese sentido, anunció que se van a evaluar las actuaciones de los funcionarios y, en caso de irregularidades, se tomarán medidas pertinentes.
“Nosotros estamos averiguando de manera más profunda y, si hay que tomar medidas, las vamos a tomar, porque es información importante que toma relevancia cuando finalmente se materializa lo que ocurrió. Vamos a profundizar la cadena y los grados de responsabilidades en la transmisión de esta información”, dijo.
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“Se van a evaluar las formas en las que se actuó y, si es necesario, se van a tomar las medidas. En el trabajo y la dinámica de las unidades de inteligencia, tanto de la Policía como el MJ, todas las informaciones deben ser valoradas y analizadas; se tiene que darle la premura y la importancia a cada una de ellas”, añadió.
Denuncian que Ministerio de Justicia ya sabía sobre asalto
Guardiacárceles sindicalizados denunciaron que el ministro de Justicia ya supo el 31 de octubre pasado que reclusos del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Cambyretá estaban coordinando un gran asalto en el departamento de Itapúa, el cual fue concretado con el ataque al transportador de caudales de Prosegur, el martes pasado.
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Agregan que la Unidad de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria avisó al ministro Barchini que la Policía Nacional recogió la información y suministró al MJ una lista de los presos del Cereso que estaban afectados a la planificación del asalto y que sugirió cateos en sus respectivas celdas.
Los cateos recién se realizaron una semana después, cuando ya había ocurrido el mortal ataque, que dejó sin vida a un guardia de la empresa y a un delincuente.