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La audiencia preliminar del caso denominado tapabocas de oro, que estaba marcada para las 8:30 de este lunes, fue suspendida nuevamente debido a la recusación presentada por el expresidente de la Dinac Édgar Melgarejo Ginard contra el fiscal Silvio Corbeta y a la fiscala Nathalia Silvia, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). La diligencia fue fijada nuevamente para el próximo 21 de noviembre a las 8:30.
El escrito de recusación contra el fiscal Corbeta fue presentado por la abogada defensora Alejandra Magalí Melgarejo Miranda, atendiendo a que para la defensa de Melgarejo Ginard no se cumple el Dictamen 836/23 de la fiscala adjunta Soledad Machuca, quien asignó a la unidad N° 8 de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para la causa.
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En ese sentido, mediante la resolución del Ministerio Público se individualizó como interino de dicha unidad penal al fiscal Silvio Corbeta y luego, para el ejercicio de la representación fiscal, a la agente Nathalia Silva, de la misma especializada.
La defensa considera que “estas circunstancias lesionan claramente las normas vigentes conforme la Resolución F.G.E. N° 2248/07, que estableció la competencia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para casos de supuesta lesión de confianza cuando el perjuicio patrimonial supere los 5.350 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas de la capital”.
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Perjuicio patrimonial no amerita intervención de UDEA, según defensa
La abogada defensora de Édgar Melgarejo sostuvo que el objeto de la presente causa no se ajusta a las características del caso como para que se dé intervención a la UDEA.
En ese contexto, la abogada Melgarejo señaló en su escrito que no se encuentran reunidos los parámetros de competencia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, establecidos en la Resolución FGE N° 2.248/07, pues el monto del supuesto perjuicio patrimonial estimado es de G. 296.000.000, que es inferior al monto establecido en dicha resolución, correspondiente a 5.350 jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas en la Capital que representarían en la actualidad la suma de G. 551.536.850.
Por su parte, el acusado Édgar Melgarejo sostuvo que su defensa presentó varias notas a la Fiscalía Adjunta de UDEA señalando que la misma jefa de esa unidad se había pronunciado a través del Dictamen 641/2023 del 8 de setiembre, en la que la misma expresa que en la causa con los mismos ribetes, de lesión de confianza, se declara incompetente argumentando que se declara incompetente en atención a la Resolución FGE N° 2248/2007.
Agrgó Melgarejo que dicha resolución del 2007 establece los parámetros para que la UDEA intervenga, por lo que consideró que “sería una incoherencia de su parte seguir sosteniendo su intervención y la de los fiscales de esta unidad, cuando de manera expresa, esto le veníamos señalando a la fiscalía adjunta pero sin obtener ningún pronunciamiento, por lo que recusamos”.
Insistió por su parte la defensa en que la investigación del hecho no corresponde a la competencia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, puesto que no se encuentra dentro de los parámetros de competencia de la misma.
Fiscalía General debe resolver sobre recusación
El fiscal Silvio Corbeta señaló a ABC TV que el escrito de recusación se presentó ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), “en mi contra y de mi colega Nathalia Silva, que somos los fiscales que intervenimos en este proceso”.
“Esto impide que se pueda desarrollar la audiencia preliminar, porque para que yo pueda intervenir de nuevo se tiene que ratificar por Fiscalía General del Estado (FGE). En ese contexto también fue recusada mi superior jerárquica inmediato, la fiscala adjunta Soledad Machuca”, acotó al respecto.
El agente del Ministerio Público expuso que la pretensión de la defensa del procesado es que la causa sea llevada a cabo por fiscales del fuero ordinario y no por agentes de una unidad especializada, como pasa ahora.
¿Quiénes son los demás acusados?
Los demás acusados en la causa son: el excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dinac Marcelo Rubén Ovelar González, el exdirector del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Fernando Gallardo de Brix, la ex gerente administrativa de la Dinac María Luz Chamorro Báez y el ex director financiero de la institución Juan Carlos Turitich Báez
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La Fiscalía también presentó acusación contra los representantes de la firma Proyectos Global SA, Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Vargas Franco.
La acusación fue presentada en abril de 2021 por los entonces fiscales del caso Sussy Riquelme y Juan Ledesma. Los agentes señalaron que en la Dinac se montó un “esquema delictivo diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y, de esa forma, encubrir la participación de los beneficiarios reales de las ganancias obtenidas ilícitamente”.
El 21 de setiembre de 2023 fue la primera fecha convocada por el juez de Garantías Raúl Florentín para la audiencia preliminar para el extitular de la Dinac y los demás acusados de supuesta lesión de confianza por la compra de los “tapabocas de oro” al inicio de la pandemia, en el año 2020. Sin embargo, fue reprogramada debido a la superposición de audiencias de las defensas.
“Ropaje legal” para la compra de los “tapabocas de oro”
La acusación revela que Marcelo Ovelar elaboró el pliego de bases y condiciones y emitió el dictamen Nº 10/20, en el cual resalta que “considera pertinente llevar adelante el procedimiento para la contratación por la vía de la excepción, para lo cual se recomienda se dicte la resolución pertinente”.
La Fiscalía sostiene que con la emisión del dictamen de UOC, Ovelar brindó al titular de la Dinac la herramienta legal para justificar la presentación de una sola oferta, realizada por la firma Proyectos Global SA, y así evitar que exista un comparativo de propuestas de provisión del mismo producto con precios más acordes al valor del mercado.
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La acusación añade que, de igual modo, con el propósito de darle un ropaje legal al legajo y colaborar con Melgarejo, Ovelar no estableció siquiera requisitos mínimos que permitan acreditar que el oferente tenga relación con el objeto del contrato, que era la provisión de tapabocas a la Dinac.
El caso se descubrió cuando el empresario Ignacio Pidal denunció que Melgarejo le había regateado los precios para conseguir los barbijos a G. 2.700 la unidad, pero que finalmente el ente terminó adquiriendo 4.000 tapabocas a G. 30.000 cada uno.
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La institución adquirió 4.000 mascarillas del tipo KN95 a G. 35.000 cada una, cuando el propio Ministerio de Salud Pública había establecido la suma de G. 15.000 como precio tope para ese tipo de barbijos.