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Desde el viernes último, el director de la Dimabel, general de división José María Balbuena Samudio, ya no firma ningún pedido de autorización de importación de armas de fuego, ni a empresas ni a personas físicas, como medida provisoria hasta que salga el decreto del Poder Ejecutivo, que a su vez seguramente obligará a dicha instancia militar a emitir incluso una resolución oficial al respecto.
Esto se produjo inmediatamente después de que el presidente de la República, Santiago Peña Palacios, anunciara la decisión del Gobierno de suspender la importación de armas de fuego para enfrentar, según afirmó, uno de los grandes flagelos que golpea al Paraguay, principalmente a las zonas fronterizas y también al Brasil.
¿Pedido de Brasil?
Fue coincidentemente luego de la reunión con la comitiva del ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Flávio Dino de Castro e Costa, con quien suscribió un nuevo acuerdo para reforzar la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de activos.
De hecho, probablemente la repentina decisión del Mandatario obedece a un pedido de Brasil, que sigue hallando principalmente en las favelas de Río de Janeiro y San Paulo armas de fuego importadas de Estados Unidos que pasaron por Paraguay.
Es más, el país vecino tiene marcados a nuevos objetivos que operaban con la red desbaratada el 2 de marzo de este año, cuando se ejecutó la operación Conexión Guaraní, contra una estructura que surtía con todo tipo de armas las principales organizaciones criminales del Brasil.
Conexión Guaraní, desarrollada principalmente por la Policía Federal (PF) de Brasil, fue una investigación que nació el 18 de marzo de 2020 en Paraguay, específicamente en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, donde fueron incautados 130 fusiles calibre 223, que es el paralelo al calibre 5.56 utilizado por las fuerzas de seguridad.
Esas armas vinieron de Estados Unidos, pero debían llegar al Brasil.
Hijo de Víctor Pecci
Dicha triangulación ya había sido advertida dos años antes por la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) de Estados Unidos, que identificó varios envíos de fusiles y pistolas hechos principalmente desde Miami a través de empresas de courrier de nuestro país.
Precisamente, una de las incautaciones propiciadas por la ATF en Paraguay se produjo el 16 de febrero de 2018, cuando cayeron en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque dos fusiles calibre 5.56 que fueron traídos de contrabando desde Miami a través de la empresa Frontliner.
Esta firma de courrier pertenece a Giuliano Manuel Pecci Folgar, hijo del que en ese momento era aún el ministro de Deportes, Víctor Manuel Pecci Balart.
Giuliano Pecci, actualmente de 39 años de edad, tuvo que someterse a una investigación en Estados Unidos por aquel caso, fue condenado a 18 meses de confinamiento, aunque también le impusieron otras sanciones administrativas, como prohibición de intervenir en exportaciones.
Pecci Folgar regresó deportado al Paraguay el 3 de agosto pasado, con una prohibición de ingreso a Estados Unidos por 10 años, según la comunicación oficial recibida en nuestro país. La investigación encargada por la ATF de Estados Unidos había sido encabezada en Paraguay por el ahora ya fallecido fiscal Javier Ibarra.