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A la audiencia de imposición de medidas se presentaron, el viernes, la imputada Miryan Nancy Giménez de Pereira (56), extitular de la organización “Desde abajo hacia un desarrollo íntegro social” (Dadis); Abel Ricardo Florentín Serafini (32) y Arnaldo Andrés Riveros Paredes (34), presidente y tesorero, respectivamente, de la “Asociación de Voluntarios para los Servicios Voluntarios” (Asovservic), ante el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú.
El magistrado dispuso la prohibición de cambiar de, domicilio y número de celular; obligación de presentarse al juzgado entre los días 1 y 10 de cada mes. En cada caso se aceptó la caución real, en el caso de Riveros y Florentín, ofrecieron un inmueble en General Aquino y una camioneta Chevrolet S10, respectivamente, hasta cubrir la suma de G. 200 millones.
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Si bien también se presentó el fiscal de Choré (San Pedro) Florencio Pereira Rodas (58), esposo de Miryan Giménez, a este no se le impusieron medidas debido a que aún cuenta con fueros. El fiscal del caso Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, pidió su desafuero al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Por su parte, el otro imputado Santiago Vicente Ochipinti Beterette (60), director del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), cumple actualmente una condena de 3 años en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza.
En tanto que, Roberto Ramón Ayala Hornung (64) y Patricia Gómez de Ayala (65), director ejecutivo y tesorera, respectivamente de la fundación “Madre Tierra”, no se presentaron. Todos los citados están investigados por lesión de confianza por un perjuicio total de G. 418 millones al Indert.
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Primer caso de perjuicio contra el Indert
Los datos señalan que el 15 de abril de 2015, la docente jubilada Miryan Nancy Giménez De Pereira, como presidenta y el actual fiscal Florencio Pereira, como tesorero, de la organización “Desde Abajo hacia un Desarrollo Integro Social” (DADIS), solicitaron al Indert la financiación de proyectos de abastecimiento de agua potable destinados a las comunidades “Segunda Linea”, “Tercera Línea” (Agüerito), “3 de febrero” y “10 de agosto” del distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
El planteamiento fue aprobado por resolución Nº 2.250/15 del 14 de julio de 2015, siendo suscrito por el entonces presidente del Indert, Justo Pastor Cárdenas, por un monto de que ascendió a la suma total de G. 1.532.590.052.
El 13 de agosto de 2015, se llevó a cabo la transferencia, correspondiente al 50% de los fondos totales, a la DADIS, consistente en la suma de G. 766.295.026. Luego, el 27 de diciembre de 2016, se desembolsó el restante 50% del monto total del presupuesto, consistente en G. 766.295.026.
Tras el segundo desembolso, funcionarios del Fides-Indert verificaron las obras y constataron que los sistemas de abastecimiento de los asentamientos “Segunda Línea Agüerito”, “Tercera Línea Agüerito”, “3 de febrero” y “10 de agosto” de Santa Rosa, de San Pedro estaban incompletos, sin conexión domiciliaria y sin funcionar.
Las pericias realizadas por el Ministerio Público detectaron daños patrimoniales y, en relación al asentamiento “3 de febrero” se determinó una diferencia de G. 149.213.247; en relación a la “Segunda Línea Agüerito” se constató una diferencia de G. 105.216.424; en cuanto al sentamiento “Tercera Línea Agüerito” se señaló una diferencia de G. 214.080.890, y sobre el asentamiento “10 de agosto”, un diferencia de G. 215.338.863, totalizando el perjuicio causado G. 683.849.514, resultante de las sumas entregadas.
Desfalco por la Asociación
En cuanto a la Asociación de Voluntarios para los Servicios Voluntarios (Asovservic), el 24 de septiembre de 2014, Abel Ricardo Florentín Serafini, como presidente, y Arnaldo Andres Riveros Paredes, como tesorero de la asociación citada, solicitaron al Indert la financiación de proyectos de agua potable para las comunidades de “Segunda Linea Takuru Pytã”, “Niño Salvador Barrientos Cué” y “Tercera Línea Irrazábal Norte”, del distrito de Repatriación del departamento de Caaguazú.
El monto total presupuestado para las obras fue de G. 1.198.288.157, en principio se hizo la transferencia del 60% de dicha suma el 29 de mayo 2015 por G. 718.972.894. Posteriormente, el 23 de diciembre de 2015, se generó la segunda entrega del dinero consistente en la suma de G. 479.315.263, correspondiente al 40% restante.
Después, funcionarios del Fides-Indert también llevaron a cabo una verificación de las obras y determinaron que los costos contractualmente establecidos, si bien totalizaron la suma de G. 1.198.288.157, con relación al asentameinto Takuru Pytã hubo una de G. 85.802.106; en relación al asentamiento Niño Salvador la diferencia fue de G. 31.804.685, y sobre el asentamiento Irrazábal la diferencia determinada fue de G. 81.886.555 Gs., totalizando un perjuicio de G. 199.493.346.
Obras perjudiciales por la organización Madre Tierra
En cuanto a la organización “Madre Tierra”, el 30 de octubre de 2014, Roberto Ayala Hornung, presidente de esta, presentó proyectos para dotar de un sistema de distribución de agua potable a las comunidades de “8 de Diciembre” del distrito de Paso Yobái y “San Blas” de Independencia, ambas del departamento de Guairá. El monto presupuestado para el proyecto ascendió a G. 852.953.086.
Es así que el 31 de julio de 2015, se llevó a cabo la transferencia de los primeros 50% del presupuesto establecido consistente en la suma de G. 426.476.54. El 8 de enero de 2016 se realizó la segunda entrega, por el mismo monto.
Más tarde, la pericia realizada concluyó que, en relación al asentamiento 8 de diciembre hubo una diferencia de G. 25.369.943, y en relación al asentamiento San Blas se detectó una diferencia de G. 44.445.660, causando de esta forma un perjuicio total de G. 69.815.603.