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El fiscal Néstor Coronel fue asignado por la fiscal adjunta interina de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Soledad Machuca, para intervenir provisoriamente en la causa abierta al Erico Galeano por los hechos punible de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, vinculados con el operativo “A Ultranza Py”.
El pasado 21 de setiembre el senador Galeano, había recusado al fiscal anticorrupción Silvio Corbeta y al fiscal antinarcóticos Deny Yoon Pak, quienes estaban a cargo de la investigación con el argumento de que tienen falta de objetividad e intereses políticos.
De esta forma, el fiscal Coronel participará de la audiencia de imposición de medidas cautelares prevista para el 26 de setiembre a las 08:30, ante el magistrado de Crimen Organizado Gustavo Amarilla.
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Erico Galeano y su vinculación con el operativo “A Ultranza”
La imputación presentada contra el parlamentario colorado Erico Galeano es por supuesta asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, debido a su presunta complicidad con el grupo dedicado al tráfico de cocaína que fue desbaratado con el operativo “A Ultranza Py”.
La imputación fiscal refiere que la investigación a Galeano se inició con el allanamiento realizado el 26 de marzo de 2022, en el marco de la pesquisa contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”. Específicamente, el operativo se llevó a cabo en el inmueble situado en el complejo “Acqua Village”, de Altos, propiedad de “Tío Rico”, adquirido por interpósita persona a nombre de Hugo Manuel González Ramos (actualmente prófugo de la justicia), ocasión en que se halló una factura de ANDE a nombre de Erico Galeano Segovia.
El Ministerio Público señala que Galeano proveyó su aeronave al grupo criminal para que sus integrantes puedan trasladarse en vuelos locales y, de esa manera, concretar el envío de cargas de cocaína a países de Europa.
La imputación resalta que, a cambio del préstamo de la aeronave, Erico Galeano habría recibido sumas de dinero provenientes del tráfico de cocaína, las cuales habría insertado dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien, a través de compras de bienes (muebles e inmuebles) adquiridos entre los años 2020 y 2021.