Militar recusa a Tribunal de Sentencia e impide inicio de juicio

Para hoy estaba previsto el inicio del juicio al sargento primero Walter Rubén Ayala Rodríguez (29), sin embargo fue suspendido porque su defensa recusó al pleno del Tribunal Colegiado de Sentencia. El militar fue procesado por supuesta transgresión de la Ley N° 4.036/2010 al intentar vender 1.516 municiones sustraídas de la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

Los hombres intentaban vender las municiones por G. 5 millones
Los hombres intentaban comercializar las municiones por G. 5 millonesGentileza

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El juzgamiento al militar Walter Rubén Ayala Rodríguez, de 29 años, sargento primero de la Dimabel, debió iniciar este lunes a las 10:30, pero finalmente fue suspendido porque su abogado defensor recusó a los jueces Dina Marchuk, Gloria Hermosa y Víctor Alfieri, que conforman el Tribunal de Sentencia.

La defensa de Ayala, ejercida por la abogada Sunilda Maris Stella González de Martínez, fundó su recusación contra los magistrados en el artículo 50° del Código Procesal Penal (CPP), que puntualiza como motivos la enemistad, resentimiento así como la imparcialidad o falta de independencia, señalados en los numerales 12 y 13 del mismo.

Con esto, los miembros recusados del Tribunal de Sentencia deben elaborar y elevar un informe al respecto, que posteriormente será evaluado por un Tribunal de Apelación Penal que, tendrá a su cargo así la confirmación o no de los jueces para el juicio oral y público.

El militar de la Dimabel Walter Ayala fue acusado por el fiscal de la Unidad Especializada en Antisecuestro, Federico Delfino Ginés, por los hechos de detentación, producción de riesgos comunes y tráfico ilícito penados por la Ley N° 4036/10 de Armas de fuego, en calidad de autor.

Jueza rechazó pedido de libertad del imputado

La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Lici Teresita Sánchez, rechazó el incidente de revocatoria de prisión preventiva impulsado por el abogado Mariano Gustavo Giménez, en favor de su defendido Blas Ramón Paredes, quien cumple con dicha medida cautelar desde el 24 de junio pasado.

La defensa sostuvo que “se encuentra el peligro de que la restricción de libertad de los ciudadanos citados precedentemente adquiera característica de una pena anticipada”.

Por su parte el fiscal de Crimen Organizado, Alejandro Cardozo, subrayó que el procesado por violación de la Ley N° 4.036/2010, dentro de la misma causa que Walter Ayala, afronta cargos cuya expectativa de pena van hasta los 10 años de prisión y que la causa relativa a él está en plena etapa de investigación por lo que está vigente el riesgo de obstrucción.

El juzgado por su parte, señaló al abogado que presentó su incidente utilizando el mismo escrito, pero cambiándole el nombre del imputado. Pues el auxiliar de justicia anteriormente representaba a Miguel Fredy Florentín que está prófugo actualmente, otro procesado en esta misma causa. Por esto le advirtió bajo apercibimiento de que lo convocaría para una audiencia disciplinaria al tiempo de rechazar el pedido de revocatoria de prisión por el AI N° 213.

Militar sustrajo e intentó vender 1.500 balas en PJC

De acuerdo con datos de la acusación fiscal, el 2 de setiembre de 2022 una comitiva investigadora tuvo conocimiento sobre el ofrecimiento de municiones, a través de redes sociales, que eran propiedad de la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

Es así que, tras contar con información certera, una comitiva policial de Paraguarí, encabezada por el agente Federico Delfino, identificó y luego verificó un coche Toyota Platz azul, con matrícula BFC 263, que estaba al mando del sargento primero Walter Ayala.

En el interior del rodado fueron halladas en total 1.516 municiones de calibre 7.62 y 556. Después se pudo determinar que estas fueron sustraídas del parque de guerra y/o armería de alguna institución castrense para ser comercializadas por Ayala.

El hoy acusado, en ese entonces, era integrante activo del Ejército Paraguayo y conforme se determinó que las municiones que eran ofrecidas para su venta, son de uso privativo de las fuerzas de seguridad del Estado, por lo que su venta a terceros y sin autorización está prohibida por ley.

Con Ayala se encontraban, en aquella oportunidad, César Manuel Sanabria, cuyo proceso está en curso, en tanto que el imputado Miguel Fredy Florentín se encuentra prófugo y en estado de rebeldía.

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