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La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) y la Unión Internacional de Magistrados (UIM), comunicaron su solidaridad con las magistradas Mirna Carolina Ocampos Ramírez, jueza de sentencia y Vivian Marina Quiñónez Vargas, jueza del juzgado penal de garantías de Capitán Bado, ambas de la Circunscripción Judicial del Amambay, rechazan el acto de violencia perpetrado contra las operadoras de justicia, en la madrugada del 9 de setiembre de 2023.
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“Como Asociación nos solidarizamos con nuestras compañeras de Paraguay y exigimos a las autoridades competentes realizar las investigaciones a fin de que se pueda dar con los responsables de este atentado”, manifestaba la AEMAJ.
En igual sentido se pronunciaron la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP), la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP), entre otros gremios que aglutinan a los operadores de justicia.
Así por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Jueces de Sentencia del Paraguay de igual manera, ante la situación acontecida por las magistradas expresan su total solidaridad y solicitan a la Corte Suprema de Justicia mayor seguridad y protección para las afectadas por los atentados, considerando al peligro al que se exponen por el solo hecho de ejercer la profesión en la magistratura.
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También solicitan nuevamente la implementación y se ejecuten pólizas de seguridad, especialmente, para los jueces penales de la República del Paraguay.
Según las informaciones, ambas juezas viven en una misma propiedad en la que están construidas dos viviendas independientes. En la casa que se encuentra al frente del terrero, es la que fue baleada por una ráfaga de unos 50 disparos realizado por desconocidos, en la madrugada del sábado 9 de setiembre.