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Los fiscales Rodrigo Estigarribia y Nestor Coronel, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), solicitaron al juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos José Delmás que la causa abierta por coima y extorsión contra Rodolfo Martínez Molinas (38), Óscar Erwin Villamayor Báez (42) y a Alcides Ramón Ayala (43), se eleve a juicio oral y público.
Los agentes del Ministerio Público formularon acusación contra el oficial inspector Rodolfo Martínez Molinas, jefe de Inteligencia del Departamento de Investigación de Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía, y Óscar Erwin Villamayor Báez, ex jefe de operaciones de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima) y extorsión, en calidad de coautores, mientras que en calidad de cómplices, se les acusa por usurpación de funciones públicas.
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En tanto que al estibador Alcides Ramón Ayala fue acusado por cohecho pasivo agravado, en calidad de cómplice, por extorsión en calidad de caoutor y por usurpación de funciones públicas en calidad de autor.
Los tres habían sido detenidos el 2 de marzo pasado, en el marco de una serie de procedimientos encubiertos que se llevaron a cabo tras recibir la denuncia de un comerciante que resultó víctima de los procesados. Los investigadores identificaron a los hoy acusados a través de filmaciones y grabaciones de audios, obtenidos bajo previa autorización judicial.
Si bien la causa ya tuvo un requerimiento conclusivo en cuanto a los tres mencionados, la investigación prosigue ya que los acusados solo serían parte de una gran rosca que actúa a nivel país en torno a mercaderías de contrabando.
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Oficial de al COIA habría dirigido extorsión
De acuerdo con la información recabada en el periodo investigativo, cerca de las 11:15 del 9 de septiembre de 2022, el oficial inspector Rodolfo Martínez y Oscar Villamayor, allanaron un local comercial de San Lorenzo, en prosecución a un supuesto hecho de contrabando. El estibador Alcides Ayala también acompañaba a los intervinientes al momento del procedimiento, presentándose como funcionario de Aduanas bajo la identidad de Jorge Amarilla.
La acusación fiscal aclara que el procesado Alcides Ramón Ayala no cuenta con vínculo alguno con la Dirección Nacional de Aduana (DNA).
Durante el aparente operativo de control, Óscar Villamayor habría solicitado al marido de la propietaria del negocio la suma de G. 50 millones para “ayudarlo” y evitar la incautación de sus mercaderías, a lo que el comerciante respondió que no tenía esa cantidad de dinero. Ante esta situación, el oficial Rodolfo Martínez y Alcides Ayala le advirtieron que se llevarían los productos incautados y su camioneta, como evidencia y que recaería sobre él una imputación del Ministerio Público.
Minutos más tarde a todo eso, Oscar Villamayor insistió con negociar un monto para evitar la incautación de las mercaderías y hacerlas figurar como si fueran de “menor cuantía”. En lo que intentaban llegar a un acuerdo, Villamayor le dijo con prepotencia: “a quién le pagas en aduanas, ¿a quién le pagas en aduanas?... y bueno… ¿fiscalía? ¿fiscalía a quién?” (...) “Y bueno, si… y eso, para trabajar tenés que hablar con todos”.
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Incautaban productos en esquema de apriete
Con el transcurso del tiempo, el oficial de la COIA Óscar Villamayor volvió a solicitar una suma de dinero, pero esta vez G. 20 millones al comerciante, que tras esta exigencia se movilizó hacia su domicilio para buscar la plata. Por su parte, el oficial Rodolfo Martínez, en ausencia del comerciante, se acercó a la dueña del local y le pidió que se tranquilice ya que habían llegado a un acuerdo con su marido.
Cuando volvió el comerciante, el oficial Rodolfo Martínez le instruyó a Alcides Ramón Ayala (Jorge Amarilla) para que sea él quien reciba la suma de dinero en el baño del local, por lo que este último le dijo al marido de la dueña del local para ir hasta el sanitario, donde se cumplió el pago de la coima. Pese a entregar el dinero, los comerciantes sufrieron la incautación de sus mercaderías por los presuntos interventores.
Una semana después de ese procedimiento, el oficial inspector de la Policía Rodolfo Martínez y oficial de la COIA Oscar Villamayor volvieron a constituirse en el mismo negocio y le dijeron que debía pagar G. 250.000, tanto para la Aduana como para la Policía, de forma semanal, para evitar que se produzcan más allanamientos. Vía llamada telefónica con el oficial Martínez, la dueña del negocio accedió al pago semanal.