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En la audiencia de imposición de medidas realizada el martes último ante el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Gustavo Amarilla Arnica, el imputado por lavado de dinero en asociación criminal abogado Daniel Montenegro Menezes pidió seguir ejerciendo la profesión desde el penal en el que cumpla prisión preventiva, en este caso Tacumbú, por el caso Pavo Real Py.
En ese sentido, invocando su condición de profesional del derecho en ejercicio, Montenegro dijo al magistrado: “Hago el pedido inusual pero muy importante para esta defensa y actualmente imputado que se me remita a una dependencia o penitenciaria donde el juzgado me pueda habilitar por lo menos 3 horas diarias para que de una forma pueda acceder a medios electrónicos a los efectos de poder revisar mi juicios, presentar escritos y hacer la defensas correspondientes, cumpliendo así con mi deber constitucional de prestar a las partes que represento en debido tiempo y forma”.
Sostuvo que, si se le permite ello, “podría ayudar a mi subsistencia personal y también de mis dependientes, para afrontar este juicio que, como he sabido, el juzgado puede demorar buen tiempo”.
El juez de la causa rechazó el pedido y dictó la prisión preventiva para el abogado Montenegro, marido de la fiscala Katia Uemura, que está investigado como supuesto miembro del complejo esquema de lavado de dinero formado por el narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão, preso en Brasil.
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Supuesto colaborador de Pavão pidió medidas
En un primer momento, el defensor público Luis Osmar Fretes, defensa técnica de Daniel Montenegro, solicitó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva para su cliente y la aplicación, en consecuencia, de una medida menos gravosa, como el arresto domiciliario.
El pedido es en consideración de la tipificación presentada por los fiscales de Narcotráfico Osmar Segovia, Fabiola Molas e Isaac Ferreira, “aparentemente a principio grave y con expectativa de pena muy grande”, por lo que el defensor invocó el principio de la presunción de inocencia a modo de que la medida de carácter personal “no se transforme en un anticipo de pena privativa de libertad como un acto de condena”.
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Abogado detenido en el caso Pavo Real Py tiene más de 500 causas judiciales
Así también, Montenegro -a través de su defensor- pidió el estudio detallado de sus antecedentes, teniendo en cuenta las consecuencias que podría traer la prisión tanto a su ámbito familiar como laboral, ya que “soy abogado activo con más de 500 expedientes judiciales actualmente en trámite en varias jurisdicciones de la República del Paraguay”, añadió.
Por último, sostuvo que no tiene antecedentes penales y que la prisión podría llegar a “arruinar mi vida de abogado de más de 20 años”, por lo que reiteró que “de no poder contar con mis plazos procesales con las defensas que exigen los juicios que llevo adelante y me pueda causar una ruina económica irreversible y también ser denunciado por mis clientes”.