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La directora de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), María Antonieta Gamarra, declaró que las 50 camas eléctricas, ingresadas al país durante la pandemia del COVID-19 por parte de la empresa Imedic, no contaban con registro sanitario.
La testigo Gamarra dijo además que los insumos médicos debían contar con registro sanitario para su importación, circunstancia que debió ser tenida en cuenta para la salida de las 50 camas eléctricas de los depósitos de Aduanas.
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En el juicio oral y público se acusó a Justo Ferreira, y a su hija, Patricia Ferreira, directivos de la firma Imedic por la supuesta comisión de los hechos punibles de contrabando, producción de documento no auténtico y asociación criminal.
Según fiscalía, los Ferreira dirigían estructura delictiva
Para el Ministerio Público está claro que Justo Ferreira y su hija, Patricia, dirigían una estructura delictiva para el ingreso al país, sin autorización, de mercaderías durante la pandemia del covid-19.
También declararon en el juicio, el entonces administrador de Aduanas del aeropuerto, Enrique Paredes, Juan Ricardo Valdez, funcionario de Aduanas en el aeropuerto, Manuel Fernández, parte en el procedimiento sumarial en Aduanas, y la despachante Cristhian Carvallo. Los testigos aportaron datos relevantes acerca del procedimiento realizado por los acusados en el marco de la importación de los insumos médicos.
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Las declaraciones serían importantes, ya que demostrarían que los acusados pidieron a Dinavisa el registro sanitario de los productos, solamente luego de que se descubrió el ingreso de los mismos al país. El caso está a cargo del fiscal Jorge Arce.