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La Asociación de Magistrados de Canindeyú, presidido por el juez penal de garantías Benito Ramon González, emitió un comunicado tras la una denuncia realizada por el Colegio de Abogado de Canindeyú contra dos magistradas que no asistieron a sus puestos de trabajo. La ausencia de las jueces se registró el jueves 15 de junio en un acta notarial labrada por un escribano público.
Este hecho fue considerado por la ASOMAC como un atropello contra la institucionalidad del Poder Judicial y afecta la dignidad del magistrado y por ende el ejercicio de la función jurisdiccional y la imparcialidad.
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Señala además que el Poder Judicial cuenta con mecanismos propios de control de asistencia de magistrados, auditoría de actuación y gestiones jurisdiccionales.
La nota exhorta incluso a la Corte Suprema a imprimir políticas para salvaguardar la función jurisdiccional del ataque constante de los litigantes, ya sean abogados o colegios de abogados que simplemente bucean motivos para apartamiento de jueces.
La reacción de la asociación de magistrados se da tras una acción tomada por el gremio de abogados de Curuguaty, encabezado por Seidu Samuel Ibarra de llevar a un escribano público para labrar acta tras constatar la ausencia de algunos magistrados en su oficina.
Dicha constatación se realizó el pasado 15 de junio cuando se comprobó que las magistradas María Isabel Dávalos Arrua y Janine Ríos no se encontraban en su oficina, luego de las 09:00
Por su parte, el juez Santiago Nuñez, esposo de la jueza María Isabel Dávalos, señaló que el abogado Seidu Ibarra está realizando una persecución sistemática contra su pareja y que analizan la posibilidad de accionar judicialmente contra el citado profesional del derecho.