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Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, considerado como líder paraguayo de una megaestructura narcotraficante, detenido en Brasil el pasado 9 de febrero y extraditado a Paraguay el pasado 19 de mayo, pasó a guardar prisión preventiva en la Prisión Militar de Viñas Cue, el 25 de mayo. Está procesado por A Ultranza.
El presunto capo del narcotráfico Miguel Insfrán fue imputado por el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, por los hechos punibles de tráfico internacional de drogas, así como lavado de dinero en asociación criminal por la Ley N° 1340/88 y sus modificatorias, en calidad de autor.
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En un principio la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Lici Sánchez, interina, solicitó informes al Ministerio de Justicia y a la Senad, para considerar la situación del procesado. Ya la jueza del mismo fuero Rosarito Montanía, quien entiende la causa, resolvió el traslado en forma sigilosa de Insfrán a Viñas Cue.
La decisión judicial se fundó en que Miguel Ángel Insfrán “es considerado como uno de los líderes de la organización criminal investigada, corresponde tomar las medidas necesarias y las modalidades que deberán ser aplicadas para regular la vida del incoado dentro del Penal de Viñas Cué. Las medidas de seguridad a ser impuestas, serán con la finalidad de establecer un control sobre las actividades a ser desarrolladas por el mismo y con el propósito de mantener en calma a la población de personas que se encuentran recluidos en dicha dependencia”.
“En atención a la peligrosidad de la delincuencia organizada de alto perfil y a la lucha de poder de este tipo de organizaciones erradicadas en las distintas penitenciarias, cuyos miembros guardan reclusión en los principales centros penitenciarios del país que podrían poner en riesgo la seguridad nacional, como así también a los efectos de salvaguardar la integridad física y seguridad del incoado, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas por su defensa técnica”, añadió la magistrada.
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Tío Rico: el protocolo de uso de celular en Viñas Cue
De acuerdo con el AI N° 114 emanado por el juzgado de la jueza penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, se disponen medidas de seguridad para el procesado Miguel Ángel Insfrán, así como de restricción de contacto con los demás hombres del sitio, salvo autorización del director de la prisión militar.
Sin embargo, de forma insólita, Tío Rico al contrario de los demás privados de libertad cuenta con un permiso oficial y judicial para el uso de un aparato móvil en su lugar de reclusión, a través de un “protocolo para el uso de teléfono celular” a fin de que este se comunique con familiares y abogado defensor.
En ese sentido, el juzgado estableció los días lunes y miércoles, de 9:30 a 11:30, para que Miguel Ángel Insfrán haga uso de un celular entregado por los militares solamente para llamadas a familiares y abogado debidamente acreditados. Esto está sujeto a modificaciones, según las necesidades, situaciones acaecidas o comportamiento del procesado.
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El juzgado estableció que las llamadas, normales o videollamadas, tendrán duración máxima de 15 minutos, además serán con la finalidad de promover el acercamiento del imputado con familiares y abogado defensor debidamente acreditado, a través de comunicaciones monitoreadas y bajo vigilancia por los militares designados.
Dentro de este régimen, el personal encargado de la vigilancia llevará un registro de las llamadas hechas por Miguel Ángel Insfrán Galeano, en un libro debidamente foliado y firmado por el funcionario designado, en el que se consignará: fecha y hora; número al que desea llamar; nombre y apellido de la persona con quien se comunicará; grado de parentesco o afinidad, debidamente acreditado; duración de la llamada, y; firma del procesado.
Es así que con esos datos, el Director del Penal Militar de Viñas Cue, deberá remitir al Juzgado un informe semanal de las actividades y del comportamiento del imputado junto con documentos que lo acrediten.
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Supuesta negociación de “celda vip” para Tío Rico
Según con fuentes judiciales a las que accedió ABC, en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, supuestamente, se estaba reacondicionando un espacio para convertirse en una “celda vip” que serviría de lugar de reclusión para Tío Rico a nuestro país para ser sometido al proceso abierto por narcotráfico.
Es más el abogado defensor de Miguel Ángel Insfrán, Miguel Mendieta, había solicitado que su cliente vaya recluido a Tacumbú porque supuestamente es el penal más seguro del país. Esto ante supuestas amenazas de muerte que habría recibido el procesado.
Sin embargo, se vio difícil su ingreso a Tacumbú teniendo en cuenta su alto perfil criminal y el hecho de que el sitio es “administrado” por el condenado Armando Javier Rotela Ayala, considerado como el “rey del crack”.
La otra opción de destino de reclusión para Tío rico fue la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, considerado como feudo de varias personas de poder, quienes forman parte de algunas carteras del Poder Ejecutivo así como también del Poder Legislativo, para quienes sería importante la presencia del procesado.
A través de las redes sociales fue difundida la una fotografía sobre la supuesta refacción de la celda en Tacumbú, que resultó ser de cuando fue desmantelada la “celda vip” de Javis Chimenes Pavão, que pasó a ser destino de las personas de tercera edad, que luego fueron desalojadas de ahí para albergar a Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, y luego al mexicano fallecido Jimmy Wayne Guillén Córdova.
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Captura con fines de extradición a miembros del Clan Insfrán
La juez Rosarito Montanía ordenó, a través de su AI N° 113, la captura internacional con fines de extradición de otros miembros del Clan Insfrán, liderado precisamente por Miguel Ángel Insfrán Galeano, actualmente detenido en la prisión militar de Viñas Cue.
Entre los requeridos están Luis Fernando Odorico (35), Santiago de Assis Rios (36), Marco Antonio Odorico (23), Óscar Fernández López (33), Carlos Fernández López (32), así como Carolina Insfrán Galeano (42), hermana de Tío rico, y Cinthia Edith Cáceres Rejala (44), esposa del pastor José Alberto Insfrán, quienes podrían desplazarse por Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina, Colombia y Dubái.
Todos estos fueron imputados por el fiscal Deny Yoon Pak por los hechos punibles de lavado de dinero en asociación criminal por la Ley N° 1340/88. El agente del Ministerio Público detalló que, ante una eventual condena, los buscados se exponen a una condena de 22 años y seis meses, y la prescripción del hecho se daría recién dentro de 15 años.