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Ayer, una comitiva fiscal encabezada por los fiscales Osmar Legal y Silvio Corbeta realizó un allanamiento en la FADA ante denuncias realizadas por los propios funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente se investigan unos 10 a 15 “funcionarios fantasmas” y también unos contratos directos a una empresa por obras
Al respecto, según detalló el fiscal Legal, entre las modalidades denunciadas figura la contratación de personas que no estaban cumpliendo ninguna función dentro de la facultad y cuando esto fue denunciado, aparentemente hubo un “movimiento interno” en el intento de “cubrir” la situación irregular.
Continuando con sus declaraciones, citó que inicialmente se habla de entre 10 a 15 funcionarios, pero a la vez enfatizó que las investigaciones recién están empezando y mediante esto aguardan trabajar sobre la lista general de los trabajadores, estableciendo una trazabilidad de los cobros e identificando “quién cobró, cómo cobró y ver el daño patrimonial en detrimento de la facultad”.
“A priori los salarios son cerca de G. 2.900.000 y hay otros que son el doble. Inicialmente la denuncia data de septiembre del año pasado, pero podríamos ir más atrás”, sostuvo.
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Responsabilidad penal en la FADA
Por otra parte, el fiscal también resaltó que su colega -Silvio Corbeta- realizó un allanamiento en la empresa investigada por unos contratos directos con la FADA, tratándose de Enmanuel Ingeniería, pero cuando se fue al lugar, se había encontrado con la aparente casa del propietario de la firma y una despensa en el lugar.
En referencia a los contratos, detalló que son por alrededor son G. 150 millones y estos se dieron por contratación directa sin abrir licitaciones, es decir, sin el control necesario que realiza la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por mantenimiento, obras o reparaciones, todo con “montos bastantes interesantes”.
Lo llamativo también de estos contratos es que aparentemente las obras eran realizadas por funcionarios de la FADA en sus horas libres, pero el Ministerio Público sospecha una presunta simulación por parte de la firma sobre que esta brindaba a los obreros para variados trabajos.
Ante todo esto, el investigador aseguró que la Fiscalía irá analizando la responsabilidad penal “desde el decano hasta el último funcionario administrativo”, reiterando que el decano -José Gregorio Insfrán, quien alegó desconocer el motivo del allanamiento- es quien tiene la responsabilidad sobre el patrimonio de la Facultad.
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