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Los camioneros Ángel Zaracho, representante de la Federación de Camioneros del Paraguay, Roberto Almirón líder de la Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay, así como Juan Friedenlib, Julio César Solaeche y Vicente Medina, fueron acusados por la supuesta comisión del hecho de extorsión, en calidad de coautores.
Los fiscales de la Unidad Especiailzada en Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaráz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta fueron quienes presentaron la acusación como requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria. Además solicitaron al juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás, elevar la causa a juicio.
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El caso contra los cinco trabajadores del volante se inició luego de una denuncia presentada ante el Ministerio Público, por el propio ministro del Interior Federico González el 11 de abril de 2022, quien había señalado a los intervinientes la comisión de un hecho de extorsión, habiéndose labrado acta de lo denunciado por el secretario de Estado.
El ministro González había denunciado que los líderes de gremios de camioneros habían exigido, en principio, la suma de US$ 1.000.000 en efectivo a cambio de no realizar más cierres de rutas, en el contexto de las manifestaciones contra la suba del precio del combustible.
Camioneros exigieron dinero a cambio de no realizar cierres
De acuerdo con datos señalados en la acusación fiscal, a las 11:30 del 11 de abril de 2022, el ministro del Interior Federico González estuvo reunido con Roberto Almirón, Ángel Zaracho y Julio Soloache, representantes del sector de trabajadores del volante. El objeto de la reunión fue buscar una solución en relación al aumento del precio del combustible.
Durante la reunión Roberto Almirón, quien actuó como vocero del gremio, exigió al ministro Federico González la suma de US$ 1.000.000 a cambio de no volver a cortar el tránsito en las rutas hasta el final del actual gobierno. Esto ante la presencia de Zaracho y Solaeche.
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Sin embargo, González les manifestó que el monto era muy alto e imposible de pagar, por lo que los choferes se vieron obligados a reducir la suma exigida a US$ 500.000, pero finalmente el pedido quedó en US$ 300.000, bajo la condición de que le trasmita al presidente de la República Mario Abdo Benítez.
Roberto Almirón también le había indicado al ministro que debía tomar la decisión lo antes posible, pues estaba en debate la sanción de la ley que crea el fondo y la derogación de la ley que establece el subsidio para Petropar en la Cámara de Diputados, siempre según datos que constan en la acusación.
Almirón siguió presionando diciendo “nos ataca la prensa y los compañeros necesitamos saber algo”. Esto luego de amenazar con que si se aprobaba la citada ley, iban a cerrar las vías y nadie viajaría en Semana Santa. Ese día a las 18:45, fueron los cinco hasta el despacho de González para exigirle la entrega del dinero, pero el ministro respondió que era difícil conseguir la plata y los citó para el día siguiente a las 11:00.
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Ya el 13 de abril, Roberto Almirón,fue hasta el despacho del ministro del Interior . Allí señaló que sus compañeros no iban a ir, por ende exigió que se le entregue el dinero a él. Ante el pedido, el titular de la cartera estatal hizo entrega de un sobre con US$ 50.000, con el que fue detenido Almirón poco después de abandonar la oficina, aún dentro de la sede ministerial.
Posteriormente fueron detenidos los demás representantes del gremio de camioneros.