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A 25 años de cárcel fue condenado Óscar Fabián Acuña Barrios, de 26 años, por el feminicidio de su expareja Estela Noemí Arévalo (42), quien era funcionaria de la Cámara de Diputados. El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2019 en el barrio Obrero de Asunción.
Para el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Víctor Medina e integrado por Olga Ruiz y Federico Rojas, con las pruebas producidas en el juicio oral el fiscal Marcial Machado probó que el ahora condenado no soportó que la mujer terminara la relación que tuvieron por “poco más de un año”, según dijo él mismo, y acabó con su vida.
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Una amiga de la fatal víctima declaró en el juicio oral que Estela Noemí y Óscar Fabián “tenían una relación tóxica, discutían constantemente y ella le pidió en varias ocasiones que se retire de la casa, donde vivieron juntos los últimos cuatro meses que estuvieron juntos”, de acuerdo a lo resaltado por el fiscal Marcial Machado en sus alegatos finales.
Tanto el agente del Ministerio Público como la querella representada por el Abg. Marcos Matto resaltaron que la víctima era una persona “muy familiera”, ya que fue el sostén de sus padres y hermanos, a quienes visitaba cada 15 días en la ciudad de Carapeguá, de donde era oriunda.
Condenado por feminicidio pidió perdón
En su declaración en el juicio oral, el ahora condenado admitió el hecho y pidió perdón a la familia de la víctima. Afirmó estar muy arrepentido por acabar con la vida de Estela Noemí Arévalo, a quien según resaltó, no quería hacer ningún daño.
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“Me arrepiento de corazón por lo que hice. Le pido perdón a la familia, no quise hacerle daño. Estoy muy arrepentido”, expresó Óscar Fabián ante el Tribunal de Sentencia.
Según lo probado por el Ministerio Público, el joven primero golpeó en la cabeza a la víctima con un mazo, luego la degolló con un cuchillo y posteriormente intentó autoeliminarse, clavándose en el cuello.
Acuña Barrios está preso desde noviembre de 2019, primero en la Penitenciaría Regional de Misiones y actualmente en Tacumbú.
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En los alegatos finales el defensor público Martín Muñoz, representante legal del encausado, aseguró que no se daban los presupuestos para una condena por feminicidio y solicitó que la pena para su representado sea un máximo de 10 años de prisión, por homicidio doloso.