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La acusada por presunto lavado de dinero en calidad de cómplice Liz Fabiola Taboada Gamarra (29) seguirá con prisión preventiva en “El Buen Pastor” por A Ultranza, así se dispuso en el Acuerdo y Sentencia N° 91 de la Sala Penal de la Corte, integrada por los ministros Manuel Dejesús Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes Ocampos.
Liz Taboada, a través de su abogado defensor, Carlos Servín Corvalán, presentó un hábeas corpus reparador señalando su libertad, teniendo en cuenta que se encuentra privada de libertad desde hace un año y dos meses, es decir, desde el 23 de febrero de 2022, momento inicial del operativo en cuestión.
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El abogado defensor sostuvo que, si bien reconoce que “la orden de prisión preventiva ha emanado de un juez, con lo cual podría aparentar ser legal, la ilegalidad de la misma radica en que al no habérsele otorgado la intervención como abogado defensor, no ha podido recurrir la resolución que la decreta”.
Agregó que en el caso ya hay un requerimiento conclusivo y que su cliente fue acusada por lavado de dinero, pero del Código Penal, cuyo marco penal va de 6 meses a 5 años de cárcel y que Taboada ya está recluida por más del doble del plazo mínimo.
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Prisión de procesada es legal, sostienen ministros
Al momento de analizar el hábeas corpus reparador planteado, el ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia señaló que no corresponde conceder el mismo en vista de que, según establece la Constitución Nacional en su artículo 133°, para este proceso la privación de libertad debe ser ilegal.
En concordancia con la Carta Magna, en el artículo 236° del Código Procesal Penal se establece que “en ningún caso la prisión preventiva podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada hecho punible en la ley”.
De esos puntos surge que, al inicio del proceso, Liz Taboada fue imputada por el artículo 44° de la Ley N° 1.340/88 y fue acusada por el artículo 196° del Código Penal, la prisión preventiva le fue impuesta por AI N° 31 del 23 de febrero de 2022 de acuerdo con los hechos atribuidos a ella en la imputación, es decir, lavado de dinero pero según la Ley de drogas cuyo marco penal es de 5 a 15 años de cárcel, mientras que por el Código Penal, de 6 meses a 5 años.
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Es por ello que el integrante de la Sala Penal consideró que “no ha sobrepasado en reclusión la pena mínima de cinco años prevista para hecho punible de previsto en el Art. 44 de la Ley 1.340/88, conforme a lo establecido en el Art. 19 de la Constitución y el Art. 236 del Código Procesal Penal”.
A su turno, el ministro Luis María Benítez Riera expresó que “la medida cautelar de prisión preventiva dictada contra Liz Taboada fue mantenida y ratificada por sucesivas resoluciones judiciales” y “en esas condiciones, según las constancias de autos, resulta evidente que Liz Fabiola Taboada Gamarra se halla privada de libertad en virtud de una orden escrita de autoridad judicial competente por lo cual, en estricta aplicación del artículo 26 de la Ley N° 1.500/99″ que Reglamenta el hábeas corpus.
Por su parte, la ministra María Carolina Llanes se adhirió al voto de su colega Benítez Riera. Es así que, de forma unánime, se dieron los votos por el rechazo para conceder el hábeas corpus reparado a Liz Taboada.
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Acusada es pareja de presunto narcopiloto
Es preciso señalar que Liz Fabiola Taboada Gamarra fue detenida el 22 de febrero de 2022 durante los primeros procedimientos que se llevaron a cabo en Paraguay, en el marco de A Ultranza. La misma está señalada como sospechosa de haber participado en actividades de narcotráfico, ya que es pareja de Gilberto Esteban Sandoval Giménez, de profesión piloto aviador civil.
De acuerdo con datos de inteligencia de la Senad y la Fiscalía, entre 2020 y 2021, Gilberto Sandoval con su pericia como piloto realizó traslado aéreo de cargas de cocaína, de un punto a otro, al servicio de la organización liderada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano. Así, se tienen datos de que Liz era el nexo entre Gilberto y los demás miembros de la red para avisar de las advertencias que recibía su pareja.
A su vez, el presunto narcopiloto Gilberto Sandoval es uno de los 25 imputados que siguen prófugos, incluido el uruguayo Sebastián Marset, habría realizado 961 vuelos, según los registros de antenas de celulares, en el marco del trasbordo de la cocaína que ingresaba desde Bolivia al territorio Paraguayo y su posterior traslado hasta Presidente Hayes y San Pedro.