Cargando...
En audiencia preliminar, a través de su AI N° 87 la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía resolvió sobreseer definitivamente y declarar la extinción de la acción penal contra Cinthia Carolina Brítez Viana, a quien se la había vinculado con la firma “Área Límite SA”. En esta misma causa está investigado Miguel Ángel Armando Vera, decano de la Facultad de de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNC).
Así también, la magistrada dispuso dejar sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre Cinthia Brítez y levantó el embargo preventivo del inmueble individualizado con matrícula N° F01-5240, con cuenta corriente 21-137-09, Lote 03, manzana 371 del distrito de Coronel Oviedo, valorado en G. 300 millones.
Lea más: Fiscal pide juicio a decano universitario por tráfico ilícito de armas
La misma había sido imputada por el fiscal de Crimen Organizado Federico Delfino por los hechos punibles de tráfico ilícito y acopio ilícito según la Ley N° 4.036 De Armas, así como por contrabando según el Código Aduanero y asociación criminal además de producción de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autora, según el Código Penal.
Dentro de la investigación fiscal la misma fue señalada como representante de la firma “Área Límite SA”, una importadora de armas de fuego que adquirió un lote de 250 armas de fuego, marca Bull Cherokee, modelo Magazine X2 medidas 4,45 color negro, tamaño completo, de la empresa proveedora Bul Armory de Israel, pese a no estar habilitada para la transacción.
En enero último, Delfino acusó y pidió juicio para Miguel Ángel Armando Vera, decano de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNC), y Héctor Salvador Torales Fernández, representante de la firma “Área Límite SA”.
Lea más: Prisión para decano universitario procesado por tráfico de armas
Pedido de sobreseimiento
El fiscal Federico Delfino solicitó el sobreseimiento definitivo de Cinthia Brítez el 16 de marzo de 2023; sin embargo, la jueza Montanía dio trámite de oposición, elevando la decisión de ratificar o rectificar dicho pedido a la fiscala adjunta Matilde Moreno, quien por Dictamen N° 582 del 30 de marzo, ratificó la solicitud en base a la cual se tomó la disposición mencionada ya.
El abogado José Antonio Valenzuela Pavón, defensor de Brítez Viana, se allanó al pedido hecho por los representantes del Ministerio Público.
El pedido de sobreseimiento y extinción de la acción penal por la Fiscalía se fundamentó en que, según la pesquisa, Cinthia Brítez no estuvo encargada de las negociaciones con la “Cooperativa 8 de Marzo” para la importación de armas de fuego de uso civil.
Además, se constató de que la misma tampoco era socia o representante legal de la firma “Área Límite S.A.” cuando arribaron al aeropuerto Silvio Pettirossi las 250 pistolas de uso civil sin municiones.
Lea más: Dimabel fue informada sobre la llegada de pistolas incautadas en el Pettirossi
Empresa inhabilitada para importar armas, según Fiscalía
El 25 de febrero de 2022 por Nota A.A.A.I.S.P. N° 20/2022, la Aduana pidió informes a la Dirección de Material Bélico (Dimabel) sobre si la firma “Área Límite SA” gestionó la importación de armas de uso civil. El 3 de marzo, la Dimabel respondió que la firma es importadora de armas, pero su registro está vencido desde el 4 de agosto de 2021.
El 4 de marzo se detectó el cargamento de 25 cajas de pistolas de uso civil, por lo que la Dirección Nacional de Aduanas realizó la denuncia a la Fiscalía Zonal de Luque, a cargo de la fiscala Sonia Pereira. También se dio intervención a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, según la imputación.
El escrito señala además que el 17 de febrero, Héctor Torales, en representación de “Área Límite SA”, presentó una nota en a la Dimabel, indicando que la firma tiene registro de importador vencido, pero que ya solicitaron su renovación el 15 de febrero.
Sin embargo, el 22 de febrero, Torales volvió a presentar una nota informando a la Dimabel que el 19 de febrero llegaron al Aeropuerto Silvio Pettirossi 250 unidades de armas de fuego de la marca Bull Cherokee, Magazine X2, de color negro, adquiridas de la proveedora Bul Armory de Israel, en 25 paquetes. Esto derivó en la consulta de la Aduana a la Dimabel.
Lea más: Detectan casi media tonelada de armas de uso civil en aeropuerto
Pidieron renovación del registro con documentos falsos
De acuerdo con la investigación fiscal, “Área Límite SA” no estaba habilitada para comercializar armas de fuego, ya que no se encontraba inscripta como importadora de armas de fuego. Esta situación se evidenció con la solicitud presentada el 15 de julio de 2020, ante la Dimabel, por Cinthia Carolina Brítez Viana, en representación de la empresa.
Recién el 4 de agosto de 2020, por Resolución N° 241/2020, fue habilitada como importadora. Para la Fiscalía “se evidencia que los señores Cinthia Carolina Brítez Viana y Miguel Ángel Armando Vera, en representación de la empresa “Área Limite”, comercializaron armas de fuego sin estar habilitados para tal efecto”.
Agrega la Fiscalía que “Área Límite SA”, según la última asamblea general ordinaria del 29 de setiembre de 2021, está conformada por Héctor Torales como presidente y Ron Yoseph Baum como vicepresidente, Cinthia Carolina Brítez Viana como secretaria y Félix Pedrozo Solís como síndico titular.
Para la renovación de registro de importador, en 2022, se presentaron los documentos ante la Dimabel, entre ellos una carta de referencia del Banco Río SAECA, al que el Registro Nacional de Armas solicitó, el 22 de febrero de 2022, informe sobre el movimiento bancario de “Área Límite” y el banco respondió que no trabaja con esta.
Al pedido de renovación también se adjuntó el Acta de Asamblea General, del 29 de setiembre de 2021, en la que consta la firma del vicepresidente Ron Yoseph Baum, quien no estaba en el país, pues según informe de Migraciones entró al país el 25 de octubre de 2021 y salió el 4 de noviembre de ese año.
Aquello hizo sospechar que Cinthia Carolina Brítez Viana y Miguel Ángel Armando Vera, Héctor Salvador Torales Fernández y Ron Yoseph Baum habrían usado documentos de contenido falso para cumplir los requisitos solicitados por la Dimabel para la renovación del registro de importador.