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En setiembre de 2022 se incautaron dos memorias de DVR del local “Barbería Bulgare” de Pedro Juan Caballero, mientras que de las sedes en Asunción de “Panorama Cambios SA”, atribuidas la pertenencia a Rubén González Cantaluppi, dos notebooks y un celular, mientras que de “FE Cambios SA” se incautó una notebook, una memoria externa con datos de las sucursales en Pedro Juan Caballero de las citadas casas de cambios, por el caso Belia.
La jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, autorizó a través de su AI N° 71 la extracción de datos y designó para ello a los peritos informáticos Gustavo Gómez Rambado, para el caso de los DVR, y Sergio Salinas para los celulares, las notebooks y las memorias, propuestos por el pedido del fiscal Isaac Ferreira.
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Los profesionales deberán presentarse el 31 de marzo de 2023, a las 9:30, en el juzgado de Montanía, para prestar juramento y asumir sus respectivos cargos.
Casas de cambios en la mira en el caso Belia
De acuerdo con el escrito del fiscal, los aparatos de DVR fueron incautados de la barbería, luego de que en medio de los operativos en Pedro Juan Caballero hayan tenido conocimiento de que aquellos habían sido trasladados desde la casa “Panorama Cambios SA”, como forma de ocultar dicha evidencia.
Según la hipótesis que maneja el Ministerio Público, varias casas de cambios, entre ellas las ya mencionadas, habrían sido usadas como plataforma de transacciones monetarias nacionales e internacionales por miembros de la organización narco presuntamente liderada por Miguel Ángel Servín, para concretar el pago por actividades relativas al narcotráfico.
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Las transacciones se realizaban supuestamente simulando operaciones cambiarias, las cuales carecían de todo tipo de respaldo que avalen tanto el origen del dinero como el concepto real de los fondos manejados. En este punto es donde genera más sospechas la suma de US$ 1.500.000, en billetes de distintas monedas, hallada en la oficina de Panorama Cambios de Asunción.
Puntos de pericia establecidos
Para el caso de los aparatos de DVR, el agente fiscal solicitó la extracción de imágenes que puedan estar relacionadas a hechos de posesión y de comercialización de drogas, así como de movimientos, actividades y secuencias de hechos desplegados por los individuos observados en las filmaciones.
Asimismo, peticionó la realización de una descripción física de las personas que aparecen en las imágenes del circuito cerrado, además de las filmaciones en las que se observe la posible distribución de drogas. También la realización de fotograma, ampliación y mejoramiento de las imágenes.
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En cuanto a los celulares incautados, se deben buscar y extraer datos del archivo de mensajes de texto, de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería, tanto entrantes como salientes, guardados y mensajes de voz, buscar y extraer el historial de llamadas perdidas, recibidas, marcadas, y determinar las frecuencias de las llamadas y los mensajes.
También solicitó el fiscal la búsqueda y extracción de datos del archivo de agenda telefónica, así como otros datos relevantes que podrían encontrarse en los teléfonos celulares, tales como imágenes, fotografías, filmaciones, archivos multimedia que puedan estar relacionados a la coordinación y comisión de actividades ilícitas y, por sobre todo, los registros de realización de giros, de extracciones bancarias, así como cualquier archivo en que se asiente la realización de operaciones monetarias.
Mientras que para las notebook y la memoria externa se solicitó la extracción de documentos o archivos o planillas, sea cual fuere el formato en el que se estén almacenados y que guarden relación con las actividades de gestión y organización, sean estos archivos, fotografías u otro medio de contratos, pro forma, inventarios de compra y gastos, así como establecer la lista de usuarios habilitados para utilizar la computadora desde el sistema operativo instalado.