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El supuesto narcopiloto Diego Cubas seguirá cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú; así lo determinó la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, a través de su AI N° 72, en el marco del denominado operativo A Ultranza.
Cubas viene cumpliendo la medida cautelar desde el 16 de marzo de 2022, por disposición de la mencionada magistrada, a fin de garantizar su sometimiento al proceso penal que, para su caso y el de otras 13 personas más, se encuentra en la espera de audiencia preliminar, pues ya fueron acusados el pasado 23 de febrero por el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak.
En el caso específico de Diego Cubas, el agente del Ministerio Público lo acusó por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal por el Código Penal, en calidad de autor.
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Defensa de supuesto narcopiloto pidió libertad
El abogado defensor de Diego Cubas, Miguel Tadeo Fernández, solicitó una audiencia de revisión de medidas para su cliente peticionando la libertad del mismo por compurgamiento de la pena mínima. Dicha diligencia se sustanció este lunes último a las 11:00 en el juzgado de Rosarito Montanía.
Según señaló el abogado de la defensa, los dos hechos punibles por los que está procesado Cubas tienen expectativas de pena que no superan los cinco años, por lo que así la pena mínima establecida en el artículo 38 del Código Penal es de seis meses.
Por su parte, la representante del Ministerio Público, la fiscala Fabiola Molas, sostuvo que precisamente las conductas del hoy acusado aún no han sido analizadas en correspondencia a los hechos punibles y, que la instancia para esa acción es la audiencia preliminar, que aún no se ha realizado.
La jueza, ante lo expuesto por las partes, analizó y consideró que no hubo hechos nuevos que desvirtúen los motivos por los que en un principio se dictó la prisión preventiva para Diego Cubas, razón por la que resolvió rechazar el pedido de libertad para el acusado.
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Hay 14 acusados en A Ultranza
El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación contra Conrado Ramón Insfrán Villar (33), hermano de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, sindicado como presunto líder de una red narco en territorio paraguayo y que fue detenido el pasado 9 de febrero en el lujoso barrio Recreio dos Bandeirantes de Río de Janeiro, en Brasil.
Así también, fueron acusados Alberto Koube Ayala (51) y su hermana Fátima Irene Koube Ayala (42), ambos miembros del grupo empresarial Tapyracuai SA, que presuntamente se constituyó mediante el aporte de capital de Sebastián Enrique Marset Cabrera (31), para colaborar con el esquema de lavado de dinero proveniente de las ganancias del narcotráfico.
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Igualmente, Job Von Zastrow Masi (54) habría prestado sus servicios como piloto a la organización coliderada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, para el traslado de sustancias estupefacientes de un punto a otro dentro del territorio nacional en aeronaves. Así también, Luis Fernando Sebriano González (48), alias Sipri, encargado de la logística y los trámites para la remisión de la droga al extranjero.
De la misma forma la acusación va dirigida contra Liz Fabiola Taboada Gamarra (29), pareja del presunto piloto y dueño de al menos 13 aeronaves Gilberto Esteban Sandoval Giménez (31), que se encuentra prófugo. Esta habría alertado a su marido sobre las intervenciones de las comunicaciones telefónicas.
Y por último también fue acusada María Noelia Colmán Alarcón (30), pareja sentimental de Alberto Koube, quien se habría beneficiado también de las ganancias provenientes del tráfico de estupefacientes.
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El representante del Ministerio Público también acusó a Reina Mercedes Duarte Aguilera (42), alias Merchi, quien habría sido el nexo entre Marset y el Clan Insfrán, principales responsables del esquema de narcotráfico y lavado de activos investigado.
Además, fue acusado Tadeo Moisés González Zárate (30), quien sería parte de la empresa Total Cars y además del Grupo San Jorge SA; igualmente su hermano Alexis Vidal González Zárate (39) y la pareja de este, Irma Vergara (40), alias Menchy. Todos estos habrían ayudado para el esquema de lavado de activos y la constitución de nuevas empresas para ello.
Incluso ya fue acusado el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godoy, quien desde su puesto en la Comisión Directiva de la Cooperativa San Cristóbal, habría concedido préstamos a integrantes del clan Insfrán para facilitar la introducción del capital proveniente del narcotráfico al sistema financiero legal.
Los demás acusados en esta causa son José Enrique Gamarra Villalba (32), quien registró a su nombre bienes adquiridos por Gilberto Sandoval, como una aeronave con matrícula ZP-BKT, modelo BEECH 58 y también un inmueble individualizado como Finca N° 36626, y Diego José Cubas Jordan (33) quien fue identificado como elemento clave de la organización criminal para los viajes ilícitos en avión para transporte de drogas.