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Dice el manifiesto de las organizaciones civiles que desde sus plataformas ciudadanas, manifiestan apoyo al fiscal general del Estado Dr. Emiliano Rolón Fernández, por la decisión tomada de anular los comisionamientos, ascensos y contrataciones realizadas con miras al fortalecimiento institucional. Según Rolón Fernández, esta decisión de su antecesora se había hecho sin concurso, de “prepo”, según sus palabras.
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Añade que el Ministerio Público tiene como fin primordial la representación de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, además de promover la acción penal pública en defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente, de los intereses difusos, de los derechos de los pueblos indígenas, y ejercer la acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de parte.
Por otro lado, las organizaciones civiles organizadas cuestionan la gestión de la fiscala general saliente Dra. Sandra Quiñónez por cuando ha debilitado la institucionalidad del Ministerio Público, y ha defraudado la confianza ciudadana al desviar su rol constitucional para favorecer la pérdida de independencia de una de las instituciones más importantes de la administración de justicia, impidiendo una lucha eficaz y frontal contra la criminalidad en aras de beneficiar a unos pocos, objetan.
Agrega: “En ese contexto, el Ministerio Público goza de autonomía funcional y administrativa y para el efecto, es el actual fiscal general del Estado Dr. Emiliano Rolón a quien corresponde el ejercicio de la administración institucional y la toma de decisiones que favorezcan su rol constitucional y legal para dar respuestas eficaces y oportunas a los urgentes reclamos ciudadanos”, dice textualmente la nota.
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Finalmente, instan a la sociedad civil a mantenerse vigilantes ante la amenaza de funcionarios sindicalizados (SIFETRAMIPAR) del Ministerio Público que respaldaron la gestión de la saliente fiscal general del Estado Sandra Quiñónez, y que hoy simplemente buscan obstruir el proceso de transición institucional con emplazamientos y huelgas extorsivas, según refieren.
Firman la nota de apoyo al nuevo fiscal general que asumió el jueves 9 de marzo las organizaciones Somos Anticorrupción Paraguay (SAPY), Asociación Civil de Auditoría Ciudadana de Mariano Roque Alonso, Transparencia Ciudadana Caapucú, Observatorio de Control y Veeduría Ciudadana, Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY), Asociación de Abogados de Capiatá y Central y la Unión de Asociaciones de Abogados del Interior del Paraguay (UNABIP).