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En el 2019 ya aparecía el nombre de Ederson “Ryguasú” Salinas en comunicaciones tras el Operativo North, en el que fueron detenidas algunas personas vinculadas al lider del Primer Comando de la Capital, Levi Adriani Felicio, sin embargo se pasó por alto esa información, según afirmó Juan Martens.
“La pregunta es ¿Cuánto costó que eso no se haya investigado? ¿Por qué la Policía Nacional tiene información privilegiada que no comparte con el Ministerio Público? ¿Está abusando el trabajo policial para vender silencio o mercancías políticas?”, cuestionó el doctor en crimonología.
Dijo además que “Ryguasu”, quien contaba con indicios de formar parte de la estructura del PCC, también estaba investigado en el marco del asesinato del periodista Leo Veras, sin embargo, ni siquiera había un expediente al respecto.Sicariato en Asunción: ¿quién era “Ryguasu” Salinas?
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“La Policía Nacional, en el caso paraguayo, recoge mucha información, la procesa pero no la pone a disposición de los organismos de justicia, ni del ministerio público, sino que la utilizan con fines privados, para enriquecerse, para recaudar”, criticó.
Análisis de contraloría para funcionarios policiales
Martens cuestionó que la Contraloría General de la República no haga un análisis de correspondencia de los bienes y salarios que ostentan altos funcionarios de la policía y el Ministerio Público, encargados de la persecución del crimen organizado.
“Necesitamos saber cómo es que se mueven en camionetas de US$ 70 mil. Algunos policías en camionetas blindadas. Hay fiscales que viven en country que cuestan un millón de dólares. Eso no puede ostentarse tan impunemente si decimos que queremos combatir al crimen organizado”, aseveró.
Agregó que lo preocupante es que en esta disputa entre facciones criminales hay protección política por detrás, y más acuciante aún es la situación de que algunos están en carrera electoral y muy probable lleguen al parlamento, donde tendrán mayor decisión sobre lo que hace o deja de hacer la policía.
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Criticó que las megaincautaciones que tuvieron lugar en los últimos años demuestran que el crimen organizado tomó en nuestro país mayor capacidad de acción e intervención y está usando Asunción como centro de refugio y logístico de sus operaciones.