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A través del AI N° 49, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Lici Sánchez, rechazó el pedido de sobreseimeinto definitivo y abreviación del plazo, que fue planteado por la abogada Evelyn Poisson de Battaglia, quien ejerce la defensa de al Dra. Celia Romina Alfonso Vera, en el caso denominado Mercat.
La abogada Evelyn Poisson señaló en su escrito: “básicamente la sindicación formulada en contra de mi representada tuvo como sustento fáctico la expedición de certificados de salud de contenido falso mediante el cobro de dinero; en tal sentido, la imputación se ha concretado sobre la base de los tipos penales de expedición de certificados de salud de contenido falso y cohecho pasivo agravado”.
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Sin embargo, “ya se cuenta con el Informe Pericial N° 239/2022, y la conclusión del dictamen refiere que la documentación examinada y cuya expedición en calidad de certificados de salud se había atribuido a mi representada, no le corresponden y no son de su puño y letra”.
Bajo dichos argumentos es que la defensa señaló el fiscal Osmar Segovia, “ha finalizado, en razón de que se han practicado todas las diligencias posibles a los efectos de determinar la responsabilidad o no de la ciudadana Celia Romina Alfonso Vera” y añadió la abogada que la ginecobstetra “no ha participado en los hechos que en un principio motivaron su enjuiciamiento penal”.
Por su parte, el fiscal antidrogas Osmar Segovia, se opuso al pedido teniendo en cuenta que “el planteamiento defensivo deviene extemporáneo en razón a que debido a la complejidad y multiplicidad de procesados involucrados en la causa, el pronunciamiento definitivo respecto a las consecuencias procesales de cualquiera de los mismos amerita un análisis valorativo integral y armónico del cúmulo probatorio colectado en la etapa preparatoria”.
El juzgado también analizó ambas posturas y concluyó que “lo sostenido por la defensa deberá ser contrastado en la siguiente etapa procesal, ya que todos los fundamentos expuestos correspondería a una valoración sobre el fondo de la cuestión, cuyo estudio deberá ser debatido en la etapa intermedia (audiencia preliminar)”.
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Doctoras investigadas en el caso Mercat
Por el Caso Mercat se investiga a Walter Galindo (32) como supuesto líder de una red narco que operaba en capital y Central, teniendo entre sus distribuidores a estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Este logró salir airoso de una causa penal abierta en 2021, mediante la supuesta colaboración de abogados, un policía y profesionales médicas, entre ellas la Dra. Celia Alfonso Vera.
La médica especialista en ginecobstetricia fue detenida el 8 de junio de 2022, por policías del Departamento Antinarcóticos que montaron vigilancia en centros de salud privados y en el Hospital Nacional de Itauguá, donde la Dra. Celia Alfonso pretendía tomar su guardia luego de varios días de ausencia.
Ese mismo día también se puso a disposición de la justicia su hermana, la médica forense del Poder Judicial, Dra. Ana Stael Alfonso Decoud.
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Supuesta implicancia de la médica
En el marco de la causa que actualmente está a cargo de los fiscales Lourdes Bobadilla y Andrés Arriola, se investiga a Ana Stael y a Celia Alfonso, las médicas que, a cambio de millonarias sumas de dinero, supuestamente habrían elaborado certificados médicos de contenido falso en favor de Walter Galindo, de modo de dilatar el proceso y que logre medidas alternativas a la prisión preventiva.
En cuanto a los abogados Gilberto Rojas y Rossana Palazzuelos, según datos recogidos por el Ministerio Público, habrían pagado sumas de dinero a funcionarios del Poder Judicial para acelerar los trámites y lograr la libertad de Galindo.
De acuerdo con datos colectados, Celia Alfonso habría recibido una suma de dinero a cambio de emitir un certificado médico en fecha 4 de abril del 2021, en el que habría dejado constancia sobre los supuestos problemas de salud de Walter Galindo, cuyo membrete pertenecía al Hospital Nacional de Itauguá.
Sin embargo, Galindo jamás acudió al centro asistencial y tampoco la citada profesional podía expedir dicho certificado teniendo en cuenta que pertenecía a la especialidad de ginecoobstetricia.
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Actuación de otra médica
La Dra. Ana Stael, en su carácter de médico forense del Poder Judicial, también se presume que habría recibido dinero para elaborar dos informes; uno el 27 de mayo de 2021, en el que constaba que se constituyó en el Departamento de Judiciales para evaluar a Galindo.
En su informe señaló que la reclusión no era apta para el paciente, por su comorbilidad. Ese documento fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías N° 2 de Lambaré, a través del cual Galindo obtuvo medidas sustitutivas en el marco de la causa 1062/21.
Luego, habría elaborado otro informe exponiendo las supuestas afecciones de Galindo, el 24 de junio del 2021, constituyéndose en su domicilio para examinarlo.
Del pago a las médicas y al agente de policía se habrían encargado los profesionales abogados, por la elaboración de los certificados médicos de las fechas citadas y utilizados en las audiencias de revisión de medidas.