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En uno de los casos de feminicidio ocurridos este año, en Villa Elisa, se dio la particularidad de que la víctima había realizado la denuncia y con motivo de esta presentación, se dictó una orden de exclusión del hogar.
Cuando los agentes de la comisaría local se fueron a la casa para cumplir con la medida, el denunciado mató al policía, a su cuñada y se suicidó.
En otros casos no sólo de feminicidio, sino de violencia familiar, se ha visto igualmente que las víctimas contaban con medidas de protección como prohibición de acercamiento, entre otras que no impidieron que sufran un nuevo ataque.
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Este tipo de situaciones obliga a revisar dónde están las fallas del sistema.
Para la defensora pública Antonella Saint Paul, especializada en violencia contra la mujer, más allá del grave nivel de violencia al que están expuestos los profesionales que intervienen en este tipo de casos, la tragedia dejó al descubierto varias falencias del sistema.
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“Lo que quedó al descubierto aquí es que falta más interés de las autoridades para más personal policial eficiente, más capacitación, y que haya mayor coordinación en los procedimientos”, indicó.
“Se debe tomar más en serio las medidas de exclusión. A veces con la víctima en la puerta van o estando adentro. Eso no puede ser. Debe haber un protocolo para proteger a la víctima y también para que sea efectiva la exclusión. Aquí existía una persona armada y muy agresiva”, indicó.
Para la profesional, la implementación de las tobilleras electrónicas para los agresores en caso de alto riesgo, es una herramienta que podría ser de mucha utilidad para prevenir los ataques.
Sin embargo, no basta con este paso, también es necesario proporcionar una mayor capacitación a la Policía Nacional y el Ministerio Público, la creación de más unidades Especializadas en Violencia y otros.
Asimismo, Antonella Sain Paul abogó por la creación de juzgados especializados en violencia contra la mujer.
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Desconexión entre los operadores
El 30 de enero pasado, el electricista Hugo Antonio Montebruno Benegas, de 54 años, se negó a cumplir una orden de exclusión del hogar y mató a tiros un policía, a su cuñada, quemó su casa y después se suicidó.
La tragedia ocurrió en Villa Elisa y resultaron víctimas fatales Flora Elizabeth Rolón Ferreira, el suboficial ayudante de Policía Líder Jesús Fabián Ramírez Vera, de 22 años, quien prestaba servicios en la comisaría local.
La jueza de Paz Beatriz Olga Morán, quien el 30 de enero pasado emitió la orden de exclusión de hogar contra Montebruno relató a Abc Cardinal que tomó esa medida tras recibir una denuncia de que el hombre había intentado violar a su hijastra, de 14 años de edad.
El intento de violación ocurrió a las 05:00 de ese día y la niña logró zafarse del padrastro y correr hasta la casa de una vecina, quien la llevó a hacer la denuncia a Ciudad Mujer. La comunicación de lo ocurrido llegó al juzgado de paz de Villa Elisa a las 16:00.
“Ciudad Mujer podía haber activado una señal de alarma, comunicar inmediatamente a la Fiscalía la situación, qué es lo que estaba ocurriendo, la tentativa de abuso y la Fiscalía tomar conocimiento, derivar a la madre y a la niña hasta la Fiscalía y poder echar a operar todo el aparato para poder tomar una medida de detención de este señor”, afirmó la jueza Morán, tras destacar que falta comunicación entre los operadores del sistema.
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Educar en igualdad desde el hogar y en todos los niveles
La cantidad de causas abiertas en los juzgados de paz por violencia doméstica y en los juzgados penales de garantías por violencia familiar en todo el país es abrumadora. De hecho, la gran mayoría de la causas tramitadas en los juzgado de paz son de violencia doméstica.
Para cambiar esa realidad, lo primordial es trabajar en la educación. La abogada Liliana Zayas, exfiscala y exviceministra de la Mujer, destacó la necesidad de educar en igualdad, desde el hogar y en todos los niveles de educación.
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Por otro lado, con relación a los casos judicializados, para la profesional es fundamental comprender la ruta crítica de la mujeres víctimas de violencia.
“Cuando la denuncia llega al Sistema de Justicia, subsisten operadores que no aplican los protocolos ni legislaciones especiales para evitar la revictimización de la mujer víctima de esta u otras formas de violencia. En mi experiencia, subsisten los prejuicios, estereotipos y micromachismos en todas las etapas del proceso penal”, indicó.
“Lo primero y al momento de hacer la denuncia, en su primera presentación, el retorno de la defensa en su escrito es la amenaza a la víctima de “meterla presa” por “denuncia falsa”, otros; la duda sobre los dichos de la víctima, a las mujeres víctimas de violencia no se les cree, se duda, y aún más grave, se las investiga a ellas más que al agresor, se busca justificar la violencia que recibieron, se la culpa de la violencia recibida “algo habrá hecho...”, acotó.
Zayas destacó la necesidad de capacitar a los funcionarios de las instituciones que integran el sistema estatal de protección a la mujer ante hechos de violencia, es decir, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y Juzgados de Paz.
“Subsisten los estereotipos de género al momento de tomar una denuncia, desconocimiento del ciclo de la violencia por parte de intervinientes, desconocimiento de la ley 5777/16 de los propios operadores del sistema. Me consta la capacitación en todas las instituciones, pero ¿de qué sirven si al momento de aplicar el conocimiento, no lo hacen?, indicó.
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Tobilleras electrónicas, vigentes sólo en los papeles
En Paraguay, las medidas de protección como exclusión del hogar y prohibición de acercamiento, se aplican con control policial aleatorio. Las tobilleras electrónicas podrían ser de gran utilidad en la prevención en la reiteración de hechos de violencia familiar en nuestro país, pero hasta la fecha sigue sólo en los papeles.
La Ley N° 5.863, que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control, conocido como tobillera electrónica, está vigente en los papeles desde el 2017. Esto porque las autoridades no han puesto aún de acuerdo en lo que respecta al financiamiento y al mecanismo a ser implementado para el control.
La legislación refiere en su artículo 10 que el Ministerio de Hacienda deberá proveer los presupuestos necesarios para su implementación, pero no especifica cuál institución proveerá los fondos correspondientes.
Ahí está precisamente el primer problema, porque ni el Poder Judicial, ni los Ministerios de Justicia e Interior se quieren hacer cargo del costo de dicho dispositivo, con la excusa de falta de rubros.
Actualmente, en el Brasil se está implementando el uso una tobillera electrónica vinculada a un celular que lleva la víctima.
En caso de que el agresor viole la distancia que debe mantener de la víctima según resolución judicial, se activa de manera automática una alerta a la víctima y a la Policía, de manera a tomar las medidas necesarias para evitar una nueva agresión.
Stadecker recurre a la Corte contra fallo condenatorio
Gerardo Stadecker Brom, condenado en diciembre pasado a 28 años de cárcel por feminicidio de su esposa Sabryna Breuer, presentó un recurso de casación contra la sentencia. La presentación será objeto de estudios por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia.
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El viernes pasado, Stadecker fue trasladado a la Penitenciaría Regional de Emboscada desde el Centro Médico La Costa, donde se encontraba internado por complicaciones derivadas de una serie de dolencias.
Dos meses internado
El Tribunal de Sentencia presidido por Manuel Aguirre ordenó su regreso a la cárcel tras recibir una comunicación de que el mismo se encontraba de alta desde el 31 de enero.
Stadecker fue internado desde el 16 de noviembre del año pasado, fecha en que se descompensó en pleno juicio oral y público.
Primeramente fue derivado a un hospital público (Hospital de Barrio Obrero) y luego pasó a un privado, a expensas del paciente.
Preocupación
En una comunicación anterior, los directivos del sanatorio San Roque y Centro Médico La Costa advirtieron al colegiado de falencias tales como falta de control de visitas y descuido de sus custodios.
“Realmente la situación es preocupante por la responsabilidad que conlleva este tipo de paciente y la atención que se debe brindar al mismo, además de la falta de restricción de visitas que no nos garantizan el ingreso de objetos que pueden proveer al mencionado paciente. Por todo lo mencionado vuelvo a resaltar que la seguridad custodia del paciente no está siendo controlada al 100%”, señala la nota firmada por el Dr. Diego Abente, director.
El 15 de diciembre de 2022, Stadecker fue condenado a 28 años de cárcel por el feminicidio de su esposa Sabryna Breuer, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 17 de diciembre del 2017 en su residencia ubicada en el barrio Mburucuyá. La autopsia determinó que la víctima falleció tras recibir golpes.