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El defensor de Héctor Grau, el joven acusado de agredir a Benjamín Zapag, reiteró esta mañana la posición de que su cliente no debía ir a prisión preventiva. Ayer, finalmente, la jueza Cynthia Lovera le otorgó el arresto domiciliario, bajo una millonaria fianza, luego de casi un mes de reclusión en Tacumbú.
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El abogado Álvaro Arias señaló que desde un principio correspondía el levantamiento de la prisión preventiva de Grau, puesto que no tenía ninguna diligencia pendiente. Además, alegaron una acordada de la Corte que indica a todos los jueces que no debe utilizarse la pena privativa de libertad como una condena anticipada.
Lamentó que la Fiscalía se haya opuesto a las medidas alternativas. “La jueza hizo lugar al pedido a pesar de que el Ministerio Público demostró una vez más que no tiene criterio de objetividad, oponiéndose a la medida. La querella tiene que tener criterio de objetividad, como dice el Código Procesal Penal”, declaró Arias.
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El abogado indicó que se vieron obligados a ofrecer una inmueble “de un tercero” para la fianza, puesto que su cliente tiene 18 años y no posee ningún bien a su nombre. “Con esto se está posibilitando el beneficio de evitar la privación de libertad solo a una persona que tiene caudal, entonces una persona sin caudal no puede tener el privilegio de litigar en libertad, ese es el mensaje. Es criticable, totalmente”, planteó como cuestionamiento.
En cuanto a la carátula de “lesión grave”, indicó que aún ningún médico forense pudo emitir juicio de valor ni determinar si la lesión fue o no grave, en los términos del Código Procesal Penal. Agregó que se va a solicitar la conformación de una junta médica para determinar con exactitud si la lesión sufrida por Zapag puede considerarse “grave” penalmente hablando.
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